Por golosa, la SRA podría ahora quedarse sin su amparo contra las retenciones

Política

El 21 de febrero de 2022, la Sociedad Rural Argentina (SRA), en tándem con una filial local presentó en la Justicia federal de Córdoba un amparo para que se declare la inconstitucionalidad del cobro de retenciones. Afirmó que el sustento reglamentario que las habilitaba había caído a fin de año con el vencimiento del plazo de la Ley de Emergencia Pública que delegaba en el Ejecutivo la reglamentación de la alícuota y sin un Presupuesto Nacional aprobado que las hubiera prorrogado por dos años, desaparecía el andamiaje jurídico que las sustentaba. Allí comenzó un proceso inexplicablemente lento a cargo del juzgado federal a cargo de Ricardo Bustos Fierro. La cuestión –en definitiva- es de puro derecho: existe o no base legal que sustente el cobro de las retenciones al agro. Punto dos, pero no menos importante, si existe legitimación activa de la SRA para plantear un reclamo de esta índole, siendo que no es el sujeto imponible de la retención que son los exportadores.

Bustos Fierro comenzó a amasar el amparo, se declaró competente para intervenir y luego ordenó proseguir su tramitación inscribiéndola en el Registro de Procesos Colectivos. La AFIP apeló esa decisión y el juzgado le contestó con un rechazo dado que esa decisión es considerada “irrecurrible” por la jurisprudencia.

Sin embargo, ayer ocurrió una novedad procesal que, por técnica y compleja, proyecta sus efectos mucho más allá, incluso, de este caso. La Sala B de la Cámara Federal de Córdoba con votos de Liliana Navarro y Abel Sánchez Torres hizo lugar a la queja del Estado y, en síntesis, desdobló el reclamo. Coincidió que la inscripción en el registro de procesos colectivos tal como fijó la Corte Suprema no es una cuestión apelable, pero sí lo es el otorgamiento de la legitimación activa de la SRA como parte en representación de todos los productores agrícolas del país. Es decir, el Estado no puede apelar la inscripción como amparo colectivo, pero sí puede objetar y someter a revisión que en el mismo paso se haya legitimado a la SRA para actuar, algo que puede hacer trastabillar toda la causa.

En todo el proceso, la cronoterapia a la que Bustos Fierro sometió al expediente hizo poco por aventar las especulaciones en torno a una negociación tácita del propio magistrado para obtener un nuevo acuerdo del Senado, tal como le permitió, en 2017, el gobierno de Cambiemos para mantenerse en el cargo más allá del límite de los 75 años. Cerca de noviembre, y con 80, Bustos Fierro se encontraría con el final del plazo renovado y ante la disyuntiva de renovar un período más o tener que retirarse. Nada hace pensar que piensa en la jubilación.

Con una inédita interpretación de la Cámara Federal de Córdoba, el haz de luz que se abre para el Gobierno también puede servir de precedente a futuro –como arma de doble filo- cuando se tramitan procesos colectivos. Procesalmente es muy relevante en lo técnico y original desde el punto de vista de lo que se considera “inapelable”. Como todo, tiene sus riesgos. De forma llana, la decisión del juez de otorgar legitimación e inscribir el proceso colectivo era conjunta. Lo que ahora los camaristas sostienen es que eso se puede escindir: la inscripción es inapelable pero la legitimación es factible de ser revisada, algo que no se había explorado hasta ahora. Si entienden que la SRA no representa a la “clase” que serían todos los afectados por las retenciones, el amparo podría escabullírseles de las manos.

Mientras que otro juez de Córdoba había rechazado de plano otro amparo similar y con el mismo objetivo, al comienzo, el paso del tiempo generó que el Gobierno corriese a pedir auxilio al fuero Contencioso Administrativo Federal de Capital Federal. Y tuvo eco. El juez Enrique Alonso Regueira tiró un salvavidas haciendo lugar al planteo de “inhibitoria” contra Bustos Fierro. ¿Qué hizo? Le reclamó que no siga interviniendo en el expediente y lo remita a Capital Federal para que se encargue el Contencioso con su poderoso imán para cautelares contra el Estado. Según la ley, cuando se plantea un conflicto de competencia entre dos jurisdicciones la que decide a qué juez le corresponde es la poderosa y estratégica Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal. Sumado a lo de ayer, terminaron por “rodear la manzana” de Bustos Fierro y con él, parte del optimismo de la SRA para obtener una sentencia favorable que iba a ser un sablazo para las arcas públicas digno de un tsunami.

La Corte abogó por la descentralización de los procesos colectivos, pero la discusión creció en volumen jurídico y también, por qué no, político.

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