Retroceso del gobierno en el Senado

El gobierno protagonizó un hecho insólito en el Senado esta semana: le había pedido al Congreso una autorización para emitir $ 1.300 millones más en bonos de deuda, y tras un pedido de mayor información por parte de la oposición aceptó inmediatamente rebajar de ese monto $ 500 millones. Es una rareza de por sí en el gobierno de Néstor Kirchner aceptar cambios en leyes. Pero lo es mucho más que en un regateo de pocas horas con el radicalismo reconozca un supuesto «error» de $ 500 millones. La explicación que se dio es aun más enigmática: se planeaba pagar deudas pendientes de la tristemente famosa quiebra del Grupo Greco en Mendoza, que ahora no se sabe si realmente se debían cancelar.

Jorge Capitanich

El gobierno quedó ayer expuesto a una realidad que hasta ahora no había tenido que enfrentar: no tiene la capacidad de aprobar en el Congreso cualquier tema que exija, a pesar de contar con una mayoría amplísima en ambas cámaras.

El conflicto se generó en el Senado durante la sesión del miércoles, cuando un proyecto supuestamente ingenuo para estos días, como es la ampliación de la autorización parlamentaria para emitir bonos de deuda, fue frenado por el mero pedido de explicaciones del radicalismo sobre el destino de esos papeles. Los senadores de la UCR querían saber para qué se aplicarían $ 710 millones de los $ 1.300 millones que estaban autorizando, algo que el oficialismo no había explicado con más detalle que el mencionar que sería para pago a proveedores y sentencias.

La presión radical dio sus frutos y la votación se suspendió por una semana. Aunque en la Argentina no se acostumbre a analizar demasiado estas cuestiones, aunque se trate de deuda millonaria, el oficialismo prometió conseguir la planilla detallada con el destino de los nuevos bonos a emitir.

Pero ayer hechos nuevos volvieron a cambiar la historia. Cuando se esperaba la aclaración sobre esos títulos, el kirchnerismo decidió modificar el importe total a autorizar -algo que ya se había votado en Diputados- y bajar del proyecto $ 500 millones en bonos. Es decir, que la nueva autorización sería por $ 800 millones más, que deben sumarse a los $ 2.900 millones que fueron autorizados en el Presupuesto Nacional 2006.

El tema impactó inmediatamente en el Senado por varias razones.

¿Por qué el gobierno alegremente modifica un pedido de autorización para mayor endeudamiento de un día para el otro, sólo por un pedido de explicaciones por parte de un senador radical?, fue la primera pregunta atendiendo que se trata de una administración que se caracteriza por no permitir que se modifiquen sus proyectos en el Congreso.

Pero además, ¿cuál era el destino de esos $ 500 millones a emitir, que pudo ser inmediatamente eliminado de las prioridades por el pedido del radical jujeño Gerardo Morales, habida cuenta de que no se trata de la ratificación de una emisión de BOCON y BOCON Previsionales ya hecha, sino de una a realizar?

Negociador

El encargado de negociar la cuestión fue el chaqueño Jorge Capitanich. Acordó con el Ministerio de Economía bajar $ 500 millones de los $ 710 millones que el radicalismo puso bajo la lupa y garantizar con eso la sanción por unanimidad el miércoles próximo de lo que restaba del proyecto y luego la ratificación de los cambios en Diputados.

Capitanich le explicó a este diario que la duda de los radicales giró sobre un rubro de la emisión que es difícil de precisar donde se ubican pagos a entes residuales, indemnizaciones y pagos a proveedores. Esos $ 500 millones que desaparecerán de la autorización corresponderían «a pagos por juicios de la quiebra del Grupo Greco -iniciada con la intervención a esas empresas en 1980-, para no generar conflictos se baja y no se autoriza ese endeudamiento», según reconoció Capitanich.

El propio senador fue también el encargado de calmar al radical Morales en su despacho explicándole que bajarían del proyecto ese monto, alegando que el pago podría estar destinado a «honorarios relacionados con la quiebra Greco». Más confusión aún.

El problema es que los propios senadores radicales reconocieronno saber de ese destinoal momento de protestar el miércoles en el recinto.

Morales cuestionó que no hubiera precisiones sobre los pagos a realizar con parte de los bonos, pero en ningún momento mencionó conocer que la plata estaría destinada a alguna cuestión relacionada con la quiebra de los Greco.

La historia oficial, entonces, causó extrañeza. Mucho más la decisión inédita de la Administración Kirchner de dar marcha atrás y modificar un proyecto por un monto nada menos que de $ 500 millones.

Las explicaciones tampoco se encuentran buceando en la quiebra del Grupo Greco. Cuando se firmó el acuerdo entre el Estado nacional y los representantes del Grupo, se acordó la entrega de decenas de sociedades al Estado nacional -entre ellas bodegas y otras empresas de las 44 que integraban ese consorcio intervenido en 1980- no quedaron reclamos patrimoniales pendientes, aunque sí continuaron los juicios penales contra las cabezas del grupo.

Entre ese fárrago de deudas estaban los redescuentos que el Banco Central había entregado al Banco Los Andes y por eso en el proceso intervinieron técnicos de la autoridad monetaria y la negociación fue manejada por la Procuración del Tesoro. Es decir, no parecía que hubieran quedado fallas pendientes como para generar nuevos reclamos al Estado.

Sólo permanecieron sin solución los reclamos de algunos proveedores del Grupo Greco que al momento de la quiebra no llegaron a cobrarle. En ese momento, el gobierno militar dispuso comprarles 50% de esos créditos para amortiguar el impacto económico en la provincia por la quiebra Greco. Con el tiempo esos productores, muchos con deudas que no habían podido verificar en la quiebra del grupo, comenzaron a reclamarle al Estado el pago del otro 50% de sus créditos. Esto sí generó una causa judicial. Pero ayer fuentes relacionadas a la quiebra de los Greco creían poco probable que los $ 500 millones atribuidos por el gobierno a la cuestión del grupo mendocino pudieran estar relacionados con ese reclamo.