Revés judicial para el Gobierno I: Corte mantuvo cautelar por La Rural
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La procuradora Alejandra Gils Carbó se pronunció a favor del Estado, al considerar que debía darse curso a la apelación, pero por el voto de los jueces Enrique Petracchi, Elena Highton, Juan Maqueda, Carlos Fayt y Carmen Argibay (Ricardo Lorenzetti y Raúl Zaffaroni votaron en disidencia), se rechazó el recurso extraordinario y queda firme la medida cautelar.
El Estado "dedujo los recursos extraordinarios luego de que transcurrieran más de cuarenta días del dictado de la medida cautelar, conducta que en nada se condice con la trascendencia que en sus escritos asignó a la cuestión debatida en autos y que sustentó su solicitud de habilitación de la feria", dijo la Corte.
"Resulta más que evidente que no ha sido la Cámara la que ha dejado en situación de indefensión a la parte demandada sino que fueron sus propios representantes quienes, al dejar transcurrir la totalidad de los plazos procesales, privaron al Estado Nacional de la posibilidad de obtener una revisión de la medida cautelar que, según afirman, afectaría los interés públicos", replicó la Corte sobre el accionar de los abogados del Estado.
Explicaron que "los plazos procesales resultan perentorios y fatales en tanto razones de seguridad jurídica obligan a poner un momento final para el ejercicio de ciertos derechos, pasado el cual, y sin extenderlo más, deben darse por perdidos".
"Aún cuando lo debatido no sea la decisión del fondo de la cuestión, esta Corte no puede dejar de expresar su preocupación por la forma en la que se ha asumido en el sub lite la defensa de los intereses públicos pues al dejarse vencer la totalidad de los plazos procesales el Estado Nacional, por el obrar de quienes lo representan, se ha privado de obtener una revisión del pronunciamiento cautelar", indicó.
A la medida cautelar le siguieron otras dictadas por el mismo fuero respecto a la Ley de Medios lo que valió que la presidenta, Cristina de Kirchner, en un discurso asegurara a modo de ironía que "un vaso de agua y una cautelar no se le niega a nadie".
La decisión del Ejecutivo -por decreto quería traspasar a manos públicas el predio ferial de Palermo- se basó en el argumento de que el mismo había sido vendido en la década del ´90 a un precio vil (30 millones pesos/dólares, cuando el valor de mercado era de 131 millones), por lo que hay una investigación penal en curso.




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