Rezagos de Aduana en la mira de los diputados

Alberto Abad

«Todos esos rezagos yo se los entrego a Parrilli; lo que él haga a partir de allí no es mi responsabilidad», respondió el director nacional de Aduana, Luis Echegaray, el día que su jefe, Alberto Abad -titular de la AFIP-, concurrió a la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados.

El funcionario le trasladaba a uno de los hombres de confianza de Néstor Kirchner un conflicto sin respuesta. El tema es que determinados -no cualquierarezagos de la Aduana deben ser donados y el acto, publicado en el Boletín Oficial.

Ya en tiempos del actual gobernador del Chubut, el peronista Mario Das Neves, hubo una denuncia penal porque se habrían entregado «en donación» automóviles, cajas de champagne y de whisky, algo que no tiene previsto de manera alguna la ley que regula este tipo de actos graciosos de gobierno.

• Pedidos

El diputado nacional Guillermo Cantini, de Unión Por Argentina (UPA), que es despachante de aduanas, presentó varios pedidos de informes sobre este tema, pero nunca logró que salieran de la Comisión de Presupuesto y Hacienda (sobre 45 integrantes, 28 son peronistas que responden a sus mandos naturales).

La Ley 25.603 establece un procedimiento que se debe seguir para la donación de « diversos efectos de primera necesidad considerados rezagos aduaneros». Esa norma dice que los propietarios de toda esa mercadería que llega al puerto de Buenos Aires tienen 30 días para acreditarse como tales. Pasado ese lapso, los materiales pasan a ser considerados rezagos (víveres y ropa). En su artículo 9°, la ley obliga a la Secretaría General de la Presidencia -responsable de la entrega y distribución-, a publicar en el Boletín Oficial el destino dado a las mercaderías. Hasta ayer, Oscar Parrilli no había cumplido con la ley. «Constituye un principio básico de cualquier administración gubernamental la transparencia de los actos públicos», señaló anoche Cantini.

Agregó el diputado reclamante que «lo peor es que se declama, por parte del Poder Ejecutivo y sus integrantes, pero no se cumple». Más aún con una ley, la 25.603, que fue impulsada y promulgada por el actual Presidente. No hacer público el destino de los efectos recibidos, la cantidad y la calidad de ellos, lo mismo que los nombres de quienes los recibieron, da lugar, afirmó Cantini, «a la presunción de irregularidades, sospechas y conductas delictivas en el organismo a cargo del señor Parrilli».