El gobierno de Néstor Kirchner está a punto de quedarse con más facultades cedidas por el Congreso: ayer avanzó un peligroso proyecto que le otorga al Poder Ejecutivo la facultad de desplazar competencias entre los tribunales nacionales. Con la idea de declarar la emergencia judicial, el santacruceño -vía el Ministerio de Justicia-tendrá potestad de pasar causas de un fuero al otro.
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La medida, a priori, parece plausible, ya que apunta a descongestionar tribunales y redistribuir el trabajo del Poder Judicial, una de las demandas planteadas por Juan Carlos Blumberg. Sin embargo, resulta riesgoso que esa tarea quede a cargo directa y discrecionalmente de Kirchner o de Gustavo Béliz, cuando tranquilamente se podrían disponer cambios o mudanzas por ley.
De apuro, la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, que encabeza Cristina Fernández de Kirchner, emitió anoche dictamen favorable, en principio, para autorizar al Consejo de la Magistratura a repartir casos, según el texto que remitió la Presidencia de la Nación.
Sin embargo, ella misma advirtió que el PEN dispone de más información sobrelos juzgados y, por eso, debería ocuparse del tema, en lugar del Consejo de Jueces. «Aun cuando rija la división de poderes, la cartera de Béliz es la que está en mejores condiciones de hacerlo porque elabora estadísticas y otros estudios», sentenció la representante de Santa Cruz.
En declaraciones a este diario, el renovador salteño Ricardo Gómez Diez subrayó que «la situación de las competencias puede resolverla el Parlamento, con una redistribución transitoria». «Delegar facultades equivale a un vaciamiento del Congreso, algo que se da todos los días con la emisión de decretos de necesidad y urgencia», se quejó el vice 2° del cuerpo y delegado de la tercera fuerza en el Consejo de la Magistratura.
• Largo plazo
Los peronistas JorgeYoma (La Rioja) y Liliana Negre deAlonso (San Luis) repararon en Asuntos Constitucionales en que la iniciativa original impone un plazo de 5 años para la emergencia. Ambos alentaron que ese lapso baje a 2 años. La señora de Kirchner advirtió que «esos detalles pueden charlarse con el Ministerio de Justicia y, en todo caso, hacer las correcciones correspondientes sobre la marcha, en el recinto». «De cualquier manera, queda testimonio de todas las propuestas que se hacen en comisión, ya que hay taquígrafos presentes», tranquilizó la primera dama.
Casi en paralelo, la Comisión de Legislación General, que administra Negre de Alonso, postergó hasta la semana que viene el despacho para devolver a los juzgados laborales los procesos de quiebras. Citaron ahí para el martes próximo a representantes de la cámara comercial para que den un panorama de la multitud de carpetas en lista de espera En la Cámara baja, los tiempos y los criterios parecen muy distintos. Allí permanece en archivo un proyecto del gobierno que permitía que el fuero comercial -que está virtualmente colapsado- derivara en aquéllos las ejecuciones por debajo de $ 4.300.
Al parecer, muchos justicialistas, sobre todo, los de raigambre sindical, no quieren darles más ocupación a los jueces del trabajo (casi desocupados en los últimos años por la caída de los juicios laborales), con la excusa de que Juan Domingo Perón fue quien fundó ese fuero.
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