A diez meses del hallazgo de los dólares en su escritorio, la causa Sbarra acumula interrogantes

Política

Sin definir la situación procesal del ex funcionario macrista, se siguen varias líneas de investigación que van desde lavado de activos a dudosas contrataciones.

Tras el levantamiento del secreto fiscal de Rodrigo Sbarra y algunos de sus familiares, la Justicia aún no avanza en la situación procesal del ex funcionario macrista imputado en dos causas diferentes. Una por lavado de dinero y otra por desvío de fondos públicos. En el despacho que ocupó el exsecretario de Coordinación del ex Ministerio de Producción se halló un sobre con 10 mil dólares. El hallazgo fue la punta del ovillo que derivó en un escándalo de corrupción que promete nuevos capítulos.

El fiscal Gerardo Pollicita y el juez Julián Ercolini investigan posibles maniobras de lavado de activos por parte de Sbarra, por lo que, entre otras medidas pidieron informes a la AFIP sobre la situación patrimonial de su esposa Clarisa Camacci y su padre, José Sbarra. De hecho, ya pesa sobre ella una inhibitoria de bienes.

El fiscal Pollicita, quien tiene delegada la pesquisa, también investiga la compra de un lote en Nordelta y trabajos de mejoras en un lote de Navarro, Provincia de Buenos Aires. Según el expediente, estas operaciones no constan en sus declaraciones juradas patrimoniales.

La Justicia busca determinar si Sbarra recibió una suma de dinero sin justificación alguna y sin declarar, mientras ejerció su cargo como secretario de Estado.

Desvío de fondos

Sbarra está imputado, además, en otra causa que cursa en Comodoro Py por presunto desvío de fondos. En octubre de este año, el diputado Rodolfo Tailhade amplió una denuncia que había presentado en marzo y aportó casi medio centenar de documentos sobre contrataciones directas y supuestos pagos de sobreprecios. Este expediente está a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi y el fiscal Jorge Di Lello.

El supuesto desvío de dinero público se habría realizado a través de convenios con una consultora privada y de contratos truchos estimados en 450 millones de pesos, sólo durante el año 2019. La demanda habla de una asociación ilícita que funcionaba en coordinación entre las carteras de Producción y de Trabajo.

Allegados al expediente confiaron a Ámbito que podrían sumarse pruebas en los próximos días. Mientras tanto, más allá de las medidas que ya están en marcha, en ninguna de las dos causas hubo hasta el momento avances significativos.

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