Ecos del macrismo: Alberto ya tiene su primera intervención gremial (Barrionuevo impulsor)

Política

La obra social del gremio de vigiladores privados quedó bajo el control de un administrador nombrado por el Ministerio de Salud. Triaca y Sica habían intentado quedarse con el sindicato.

Cuando parecía que el cambio de gobierno había dejado atrás las intervenciones a sindicatos, una modalidad que se hizo corriente en la era de Mauricio Macri, la actual gestión tomó el control de una obra social a pedido de Luis Barrionuevo. Lo hizo el Ministerio de Salud en la prestadora de salud del gremio de vigiladores privados (Upsra), que a lo largo de toda la administración de Cambiemos estuvo tironeado entre las intervenciones judiciales y del Ejecutivo y las recuperaciones por otras vías legales por parte de su histórico secretario general, Angel García.

Se trata de la Obra Social del Personal de Seguridad Comercial, Industrial e Investigaciones Privadas (Ospsip), que cuenta unos 48 mil afiliados directos y un total cercano a los 100 mil beneficiarios, donde el 16 de septiembre fue nombrado un administrador provisorio como paso previo a una intervención plena. La designación del licenciado Horacio Enrique Sebastián García, afín al sindicalista José Luis Lingeri (Obras Sanitarias y principal referente de la cuestión de las obras sociales en la CGT) quedó establecida por la resolución 1097/2020 de la Superintendencia de Servicios de Salud, un órgano dependiente de la cartera que encabeza Ginés González García.

En la norma la SSS alega que “diversas agrupaciones gremiales” del sindicato denunciaron déficits prestacionales y que a continuación sus estamentos internos constataron atrasos en las coberturas médicas, falta de entrega de medicamentos y otras irregularidades que motivaban un cambio en la administración a manos de un funcionario designado por el Ejecutivo. Si bien en el organismo reconocieron el interés de Barrionuevo –que tuvo por décadas como aliado a García en la CGT Azul y Blanca hasta la ruptura entre ambos, años atrás- aclararon que el gastronómico no logró poner a una persona de su confianza como administrador provisorio y que esa definición quedó a cargo de Lingeri.

Entre las irregularidades e incumplimientos expuestos por la Superintendencia, los funcionarios dijeron que apenas asumió la nueva gestión encontró que en algunas dolencias hacía más de un año se habían suspendido las prestaciones y que para febrero había cerca de 200 pacientes con HIV que no habían recibido su medicación. También mencionaron que hubo faltantes de servidores informáticos de la Ospsip y que parte de la administración de la obra social había sido trasladada a un “estudio jurídico”.

“Es una operación política. Como no pudieron voltearme del gremio y pudimos recuperarlo en diciembre del año pasado ahora buscan quedarse con la obra social. Detrás de todo esto está Barrionuevo como autor intelectual”, denunció en diálogo con este diario Ángel García, repuesto desde fines de 2019 en el cargo de secretario general a instancias de una medida cautelar de la Justicia laboral. El dirigente exculpó al ministro González García e incluso al superintendente de Salud, Eugenio Zanarini, al destacar que “pese a la firma de la resolución esta intervención fue una imposición de un sector de la CGT”.

En rigor la relación entre Salud y la central obrera fue mala desde el arranque de la actual gestión por la negativa del ministro a nombrar al frente de la SSS (órgano clave por tener la llave del reparto de fondos a las obras sociales) a un médico propuesto por la “mesa chica” de la CGT y luego por el desinterés en coparticipar a los gremialistas de las decisiones de política sanitaria.

Para Ángel García el Gobierno “se excedió en sus funciones” al nombrar a un administrador provisorio en la Ospsip: “para intervenir un gremio o una obra social hace falta un decreto presidencial. A falta de esto acudieron a esta figura intermedia pero que en los hechos resulta una intervención de la cual no fuimos notificados ni se observaron los plazos establecidos en la ley”, amplió. El dirigente sostuvo que a partir de la resolución la conducción del sindicato acudió a la vía administrativa y apeló ante la Justicia.

La intervención de Upsra fue una entre la docena de desembarcos que motorizó en sindicatos la gestión de Macri tanto con Jorge Triaca como con Dante Sica como ministros de Trabajo. Se apoyaron en una causa judicial instruida por el juez federal Ariel Lijo a partir de denuncias de líneas opositoras a García relacionadas con el proceso electoral que debía atravesar el gremio. A ese expediente alineado con las necesidades del anterior gobierno se le opuso otro que tramitó en la Justicia laboral. Cada decisión judicial que favorecía la intervención, el gremio quedaba en manos de funcionarios propuestos por el tándem Luis Barrionuevo-Enrique “Coti” Nosiglia, una sociedad política vigente desde los ‘90s y con ramificaciones en varios sectores del movimiento obrero.

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