La Casa Rosada busca aprobar la derogación de la ley de Etiquetado Frontal de alimentos, iniciativa que ordena el rotulado de los envases y obliga a las alimenticias a colocar octógonos negros para advertir sobre el exceso de azúcares, sodio, grasas y calorías, entre otros ítems, en busca de promover una alimentación más saludable y prevenir enfermedades crónicas. Ante el proyecto del Gobierno - que ingresó en el Senado el pasado martes - nutricionistas se opusieron a la propuesta legislativa oficialista y afirmaron que “defender el etiquetado frontal es defender el derecho a saber qué comemos".
28 de mayo 2026 - 12:23
Nutricionistas alertan que la eliminación del Etiquetado Frontal "hipoteca el futuro" de la salud
El Gobierno envío el proyecto de derogación de la ley de Etiquetado Frontal al Congreso el pasado martes. En detalle, la misma busca derogar la obligación de identificar excesos de azúcares, sodio, grasas y calorías con octógonos negros.
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Archivo. El Gobierno puso primera para derogar la Ley de Etiquetado Fronta.
“Lo que está en riesgo no es solo el etiquetado frontal sino un conjunto de políticas públicas, entre ellas regulaciones relacionadas con la publicidad dirigida a la niñez, la promoción de productos no saludables y en entornos escolares”, afirmó Laura Salzman, presidenta del Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires.
Nutricionistas se oponen al proyecto del Gobierno para derogar la Ley de Etiquetado Frontal
Desde el mencionado colegio remarcaron que la Ley de Etiquetado Frontal es una política pública respaldada por organismos internacionales como la Organización Panamericana de la Salud (OPS). En este sentido, explicaron que los octógonos negros permiten identificar rápidamente excesos de azúcares, sodio, grasas y calorías.
“La eliminación de los sellos es un golpe al derecho de la población a conocer que está consumiendo. Los octógonos ‘traducen’ rápidamente la información nutricional, convirtiendo tablas complejas en advertencias visibles y simples que se comparan en segundos. Nos avisa y previene sobre el exceso de nutrientes críticos antes de consumir un producto”, ahondó Salzman.
En ese sentido, los nutricionista bonaerenses explicaron "que “retroceder en medidas que fortalecen el acceso a la información implica debilitar herramientas de cuidado colectivo y profundizar desigualdades, especialmente en niños, niñas y adolescentes, quienes se encuentran más expuestos a estrategias de marketing alimentario”.
“Defender el etiquetado frontal es defender el derecho a saber qué comemos. La información alimentaria clara y accesible no debe ser objeto de retrocesos. La alimentación no es solo una elección individual: es una cuestión de salud pública, de derechos y de acceso equitativo a información que permita decidir”, sentenciaron desde el colegio.
El proyecto del oficialismo
El Gobierno aceleró su agenda legislativa y envió al Congreso un paquete de proyectos que incluye una Ley de Ludopatía, el denominado “Super RIGI”, una iniciativa sobre lobby y una reforma al actual sistema de etiquetado frontal de alimentos. El anuncio había sido anticipado la semana pasada por el vocero presidencial y jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
Entre los textos girados al Parlamento, uno de los puntos que más debate promete abrir es la modificación de la Ley de Etiquetado Frontal, vigente desde 2022. La normativa obliga a las empresas alimenticias a incorporar octógonos negros en los envases para advertir sobre excesos de azúcares, sodio, grasas y calorías, entre otros componentes.
En la Casa Rosada consideran que el sistema actual genera problemas en la interpretación de la información nutricional y sostienen que, en algunos casos, termina ofreciendo una visión “simplificada” sobre determinados productos.
Según argumenta el proyecto oficial, el esquema vigente “puede inducir a interpretaciones simplificadas o poco precisas respecto del perfil nutricional integral de determinados alimentos, generando confusión en los consumidores y alejándose de cumplir con los objetivos perseguidos por la propia ley en materia de información clara, adecuada y útil para la adopción de decisiones alimentarias saludables”.
El texto también cuestiona la metodología técnica utilizada para determinar cuándo corresponde colocar advertencias en los productos. En ese sentido, el Gobierno asegura que durante la implementación de la norma surgieron “dificultades derivadas de la metodología de cálculo utilizada, basada en relaciones porcentuales respecto del aporte energético total del producto”.
De acuerdo con la iniciativa enviada al Congreso, ese criterio provoca “resultados técnicamente inconsistentes o desproporcionados respecto del perfil nutricional global del alimento”.
La ofensiva legislativa forma parte del intento del oficialismo por avanzar con una agenda propia en el Congreso tras varias semanas enfocadas en negociaciones políticas y discusiones internas dentro de La Libertad Avanza.