El Senado convirtió ayer en ley el proyecto que regula el ingreso de tropas extranjeras al país para ejercicios militares y los viajes de efectivos nacionales para participar de misiones a pedido del Poder Ejecutivo. Fue aprobada en general por 54 senadores con sólo 6 votos en contra. El proyecto había sido enviado por Eduardo Duhalde al Congreso y aprobado por Diputados en diciembre pasado.
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La votación más reñida llegó con el artículo sexto que tuvo 34 votos a favor y 24 en contra. Allí no se prohíbe expresamente la posibilidad de dar inmunidad judicial a los militares extranjeros, sino que esa decisión será analizada en cada caso cuando el gobierno lo requiera. Ese fue un pedido realizado por los Estados Unidos para llevar adelante los ejercicios militares combinados como el Aguila III, que finalmente quedaron interrumpidos a partir de la negativa del gobierno a conceder esa protección en su momento a las fuerzas estadounidenses. Pero lo votado ayer dista mucho de la iniciativa que el gobierno envió al Congreso con mayor amplitud para el otorgamiento de inmunidades y que finalmente fue retirado de su tratamiento.
En los casos de ejercicios combinados, el Poder Ejecutivo enviará al Congreso el proyecto de ley en la primera semana de marzo de cada año, que incluirá un programa de ejercitaciones que cubra un año corrido desde el 1 de setiembre del mismo.
Pero para otros casos específicos, la ley, que reglamenta el artículo 75, inciso 28, de la Constitución nacional, sólo se fija el procedimiento por el cual el Poder Ejecutivo deberá solicitar al Parlamento autorización para el ingreso de tropas extranjeras o para el caso de que unidades militares argentinas salgan del país. Ante cada ejercicio conjunto programado, el gobierno deberá explicar las condiciones en las que se manejarán las tropas visitantes.
El radicalismo había propuesto que la ley incluyera la prohibición expresa de otorgar inmunidad a los militares extranjeros, lo que fue rechazado por el oficialismo al decir que eso deberá ser analizado en cada caso específico.
Cristina Fernández de Kirchner defendió el proyecto original bajo el argumento de que se trataba de «una autolimitación» del gobierno, y explicó que antes de la ley «las autorizaciones y las inmunidades las establecía el Ejecutivo sin control parlamentario».
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