26 de junio 2012 - 23:35

Schoklender pidió su excarcelación ante el juez

El ex apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo Sergio Schoklender les pidió su excarcelación a los jueces de la Sala I de la Cámara Federal en la causa por el supuesto desvío de fondos de la entidad.

Fuentes judiciales informaron que, en persona, Schoklender pidió su excarcelación ante los camaristas Jorge Ballestero, Eduardo Freiler y Eduardo Farah, quienes ahora evaluarán el pedido sobre el cual resolverían en estos días.

El ex apoderado está detenido desde el pasado 15 de mayo por orden del juez Norberto Oyarbide, quien consideró que podía entorpecer la investigación ocultando pruebas y porque algunos testigos dijeron sentirse atemorizados ante la presencia de Schoklender.

El juez Ballestero se reintegró de su licencia este lunes y será quien termine definiendo si Schoklender es o no liberado, ya que -según fuentes consultadas por Noticias Argentinas- entre Freiler y Farah no había acuerdo.

Sergio Schoklender permanece en el penal de Ezeiza, en el mismo lugar en que está alojado su hermano Pablo y el contador Alejandro Gotkin.

Sucede que si bien la Sala I de la Cámara les concedió la excarcelación a Pablo Schoklender y Gotkin, ninguno pudo pagar la caución que le fijó el juez Oyarbide de 4 y 2 millones de pesos, respectivamente.

Como ninguno pudo reunir fondos para pagar la altísima caución fijada por el juez, los montos están apelados ante la Cámara Federal.

Este lunes, Sergio Schoklender amplió su indagatoria en la causa y volvió a embestir contra Hebe de Bonafini al asegurar que ella era la "administradora" de la Fundación.

Incluso, aseveró que Bonafini pagó con plata de la Fundación viajes al Caribe, y acusó a su hija Alejandra de haber utilizado fondos de la entidad para comprarse dos departamentos en la ciudad de La Plata.

No obstante, Schoklender manifestó que quería seguir declarando por lo que del juzgado le fijaron una próxima audiencia, la tercera, para el 5 de julio próximo.

El ex apoderado está sindicado como "jefe" de una asociación ilícita que desvió fondos que recibía la Fundación para la construcción de viviendas sociales en el marco del programa "sueños compartidos".

Al detenerlo, Oyarbide consideró que intentó ocultar las pruebas en su contra y que testigos se sentían atemorizados con su presencia, a tal punto que lo vieron junto con personas armadas.

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