Se frena en Diputados plan de seguridad. También crece enfrentamiento con provincias

El gobierno tiene un frente de batalla abierto en el Congreso que puede amenazar la sanción de leyes en las próximas semanas, tras el recalentamiento de la interna Kirchner-Duhalde. En paralelo, crece el enfrentamiento con las provincias por el plan de seguridad de Gustavo Béliz. Los gobernadores (que se preparan para una larga puja por el reparto de fondos con la Nación) consideran intolerable que los intendentes puedan reclamar a la Nación la intervención de las policías locales; también que ese plan haya sido diseñado a medida de la Capital Federal y el conurbano. Finalmente, denuncian que el ministro de Justicia todavía no sabe de dónde saldrán los fondos para el fideicomiso. En Diputados, el Presidente deberá quebrar la resistencia a convalidar la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, incluida entre los proyectos de Béliz. No es el único conflicto. El escándalo en ciernes por el presunto pago de sobresueldos del bloque PJ de la Cámara baja, durante el mandato de Duhalde, puede terminar paralizando esta ala del Parlamento. Entre otras cosas, la reapertura de la causa -que data de 2002- forzaría un des-file de diputados y mandatos cumplidos que son hoy gobernadores, intendentes o funcionarios nacionales o provinciales.

Gustavo Béliz es consciente de que los proyectos más polémicos del plan de seguridad tendrán que iniciarse en el Senado. La disminución de la edad de imputabilidad a 14 años, uno de los puntos más conflictivos, genera demasiada resistencia en Diputados, donde existe la amenaza de frenar el paquete de normas que traducirán los enunciados generales contra la inseguridad, que presentó el ministro de Justicia hace una semana.

Béliz, que no es muy querido en la Cámara baja, sabe que la puesta en marcha de los juicios por jurado desencadenarán una fuerte discusión, razón por la cual esa iniciativa también debería tratarse primero en la otra ala del Congreso, menos proclive a cargar contra el gobierno de Néstor Kirchner.

• No obstante este aparente repliegue, los diputados del PJ y los de la oposición no se quedarán de brazos cruzados (a pesar, incluso, de los cruces entre Kirchner y Eduardo Duhalde): intentarán avanzar mañana en dictámenes sobre demandas de Juan Carlos Blumberg.

• En la Comisión de Legislación Penal estudiarán una ley que viene del Senado y que su-prime la posibilidad de libertad condicional en caso de que el condenado haya come-tido delitos aberrantes como homicidio calificado o viola-ción seguida de muerte, al mismo tiempo que analizarán la acumulación de penas.

En ese sentido, hay textos de Carlos Ruckauf y de la pierrista Mirta Pérez destinados a eliminar el tope en los cumplimientos de castigos de prisión. Esto significa, por ejemplo, que aquel que recibe condenas que sumen 70 años deberá cumplir esa cantidad de años en cautiverio.

• Tanto la eliminación de la libertad condicional para ciertos crímenes cuanto la acumulación de penas desatará una puja de entrecasa en la dependencia que administra el radical de Misiones, Hernán Damiani. Por un lado, muchos dudan allí de que borrar la libertad condicional pueda resultar inconstitucional, entre otras cosas, porque violaría el Pacto de San José de Costa Rica (la misma inquietud desveló a varios senadores, pero --en medio de la presión social y mediática-se optó por sacar el proyecto hace 2 semanas y mandarlo a la Cámara baja; y dejar abierta la puerta a correcciones en esa instancia). En definitiva, si no hay enmiendas en la revisión parlamentaria, serán los jueces quienes se expidan, finalmente, sobre la validez o no de esa norma.

• No está previsto que se avance en la conversión en ley de las penas y multas contra el juego clandestino, a pesar de que su implementación podría servir para aumentar los sueldos de los agentes policiales de calle o comprar móviles o combustibles, sobre todo, en la Bonaerense. Las multas, según lo que aprobó el Senado, engrosarán la recaudación de las provincias, algo clave para distritos con delincuencia en ascenso y fuerzas de seguridad propias como Buenos Aires, Santa Fe o Córdoba.

• La edad de imputabilidad dividió a Diputados en dos parcelas, la mayoría de las cuales -al menos, en Legislación Penal-parece estar en contra de bajarla de 16 a 14 años, sin mayores trámites. En esta posición se enrola, por caso, la peronista bonaerense María del Carmen Falbo. En la contraria, se anotan Ruckauf, Mirta Pérez, Jorge Casanovas (PJ-Buenos Aires) o el tucumano Ricardo Falú.

• En Senado, la hegemonía oficialista jugará a favor del plan Béliz, además de que la existencia de un proyecto de puño y letra de Miguel Angel Pichetto en el sentido de disminuir la edad de imputabilidad sirve de incentivo. El radical Jorge Agúndez también está de acuerdo, si bien agregó exigencias respecto de un régimen penal específico para menores, así como la modificación de la ley de patronato (posición con la cual coincide la duhaldista Falbo, a la hora de buscar consensos).

• En materia de juicio por jurados resulta fundamental que en la Cámara alta haya una iniciativa impulsada por el riojano del PJ no oficial, Jorge Yoma. La semana pasada hubo un seminario sobre el tema con la presencia del propio ministro de Justicia y de varios jueces y juristas, coordinado por Yoma.

• Cometido

El delegado de La Rioja auspicia que los jurados populares se pronuncien sólo por la culpabilidad o inocencia, y que los magistrados impongan las penas, aunque limita su acción a crímenes federales.

Los diputados aún no desarrollaron el análisis de esta cuestión, pero mantienen reservas: por caso, dudan de la efectividad de los jurados en un país con semejante presión de los medios. Si los jueces profesionales muchas veces sienten que hay una condena previa en la prensa que los condiciona, estos legisladores -que se expresan, por ahora, a puertas cerradas-descartan que pueda resultar imparcial el veredicto de gente del pueblo que haga las veces de jurado.