Para los diputados radicales y peronistas el tramo central de las reformas para combatir la inseguridad ha terminado. Lo que resta, básicamente reducción de la edad de imputabilidad e instrumentación del juicio por jurados, no tendrá el mismo ritmo que se vio hasta ahora con el resto de los proyectos, muchos de ellos incluidos también en el petitorio Blumberg. Esta semana con seguridad no habrá sesión en Diputados. Pero de todas formas, salvo por el tratamiento en revisión de alguna de las leyes ya pasadas al Senado, la técnica para el resto del paquete de seguridad será distinta.
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El proyecto más difícil de digerir para los diputados es la baja en la edad de imputabilidad. La oposición allí de duhaldistas, garantistas, kirchneristas, izquierdistas y radicales es suficiente como para frenar el ímpetu que se vio en los últimos días para entrar en un análisis más profundo.
Ayer se confirmó que el tratamiento de esa ley se hará en medio de un debate nacional. En Diputados se organizarán seminarios, audiencias públicas y se convocará a los principales juristas en materia penal para que den su opinión: «Se terminaron los apuros», dicen los duhaldistas para ratificar lo que expresó el radical Horacio Pernasetti hace una semana, cuando se negociaba la votación de las iniciativas sancionadas el jueves: «Estas son las últimas reformas que votamos al Código Penal».
Los peronistas y los radicales quieren esperar primero a que el Poder Ejecutivo envíe su proyecto sobre ese punto. Nadie vio un borrador todavía de lo que Gustavo Béliz tiene en mente para cumplir con ese otro punto de las exigenciasde Blumberg. Saben lo que explicó el ministro cuando lanzó el Plan Estratégio de Justicia y Seguridad, y que repitió Néstor Kirchner en varias oportunidades durante la semana: el gobierno quiere crear un sistema especial de sanciones para juzgar a delincuentes de entre 14 y 18 años. Es un intermedio entre la legislación actual, que aplica las sanciones del Código Penal desde los 16 años y la reducción lisa y llana a 14 años -como los proyectos de Carlos Ruckauf y Jorge Casanovas, que tienen resistencia dentro del propio bloque PJ-. Lo que implica, en cierta forma, bajar la edad de imputabilidad del «Código Penal para los adultos» y no subirla.
Los diputados, en realidad, conocen la iniciativa porque es similar a la que impulsó la arista Laura Mussa -por eso Elisa Carrió denunció a Béliz por plagio-: un procedimiento que garantice juicio y sanciones -acotadas-a delincuentes entre 14 y 18 años para delitos menos graves y sanciones más fuertes para casos de homicidio.
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