El nuevo secretario de Seguridad que le imponen Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner a Aníbal Ibarra se encontrará con una de las carteras más voluminosas del presupuesto comunal. La Secretaría de Seguridad, Justicia y Control Comunal, la reinauguró Ibarra al asumir su segundo mandato en diciembre de 2003, otorgándole prácticamente todo el poder de control de la Ciudad a Juan Carlos López, su amigo y ex cuñado -comparten sobrinos, ya que la esposa de López es hermana de la ex mujer de Ibarra-. Casi un lazo familiar, del entorno más cercano, que junto con la barra «del Colegio» integraba el núcleo de «la familia», que más irrita a la propia tropa ibarrista. López venía de ser el procurador general de la Ciudad (el abogado del jefe de Gobierno) y su principal antecedente lo liga también a Ibarra; secundó a éste cuando fue fiscal adjunto de Julio Strassera en el juicio a las juntas de comandantes del llamado Proceso. Ibarra creó esta Secretaría cuando inició su primer mandato, en 2000 y la cedió al ala radical de la extinta Alianza con la que más comulga: el nosiglismo. Nombró a Facundo Suárez Lastra, pero disolvió pronto la estructura original cuando éste renunció al fracasar otro intento de traspaso de parte de la Policía Federal de la Nación a la comuna. Juan José Alvarez se encontrará, cuando asuma el sábado, el resultado de la acumulación de varias capas geológicas de funcionarios que se fueron acumulando desde entonces.
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Hasta ahora el área estricta de Seguridad la comanda como subsecretario Enrique Carelli, del cuño de «Facundito», al igual que la funcionaria responsable de la campaña sobre el uso de los cinturones de seguridad, Leticia Piris, fuerte contacto con «Facundito» y 80% de los contratados allí.
La tarea primordial de esos funcionarios es llevar un registro obligatorio de inscripción de empresas de seguridad, incluidas las que se desempeñan en los boliches, con los trastornos que acarrean los patovicas. En esa labor Carelli es el principal contacto entre la Secretaría y la Policía Federal. Los radicales que adhirieron a la candidatura de Ibarra en la reelección del año pasado mantuvieron sus puestos en el área pese a la desaparición del compromiso originario en la Alianza UCR-Frepaso.
• Purga
La Subsecretaría de Justicia la ejerce Marcelo Antuña, el segundo de la controvertida radical Silvana Giudice (en la actualidad diputada nacional), a quien hoy recriminan haber desmantelado con Ibarra la polémica Dirección de Habilitaciones y Verificaciones que en un tiempo estuvo a cargo del área que comandaba el actual presidente del Banco Ciudad, Eduardo Hecker. Este nombró a un hombre de su confianza, Benjamín Schmukler, que debía entrar cada vez a su oficina con la guardia de infantería y hasta lo tuvieron secuestrado en el despacho los inspectores que se sintieron víctimas de aquella purga.
Todo ese sector de inspección, antes de que Ibarra asumiera su segundo mandato, fue desmantelado cuando el gobierno porteño es alertado de cámaras ocultas de TV que habría tomado el animador Daniel Tognetti -ahora contratado por la radio estatal porteña- y ante la presunta evidencia de andanzas de inspectores que podrían salpicar a Giudice o Antuña. Ibarra le ganó de mano a la publicidad de esos testimonios echando a todos los verificadores y acusándolos de «focazo de corrupción». Es entonces cuando la Ciudad se queda prácticamente sin inspectores hasta que van tomando a «pasantes» y profesionales vinculados con contratos de locación de servicios, en un lento proceso que hoy no ha terminado. Hoy ese cuerpo de inspectores novatos, sin experiencia de calle ni compromiso con la tarea tan delicada tiene 220 personas.
Hoy Giudice soporta además el resentimiento de los radicales que se alejaron de Ibarra en la última elección y le adjudican haber «robado» una banca en el Congreso que Jorge Giorno, titular del ibarrista Partido de la Ciudad, nunca imaginó que obtendría su partido. Llevarla en las listas fue un pedido de Ibarra de mutuo apoyo a ese partido que ganó 5 legisladores de la Ciudad. Por eso muchos prendieron la alarma cuando el mismo 1 de enero, con la tinta fresca de la renuncia de López, el jefe porteño pensó en regresarla al cargo. Otros consideraron que sólo eran bromas de Ibarra. El martes, ante el regreso de Kirchner a la Ciudad, en el gobierno porteño anticipaban la jugada: Duhalde y Kirchner lo apoyarían a Ibarra, pero debería abrirles las puertas del gobierno. Por eso detuvo el frentista la búsqueda de un reemplazante, que necesita, porque su jefe de Gabinete, Raúl Fernández, no puede cargar con esa megasecretaría.
En esa estructura Antuña es el único vilmista fuerte que queda, tras el desplazamiento de López y de Fabiana Fiszbin. Alvarez deberá resolver qué hará con el área de seguridad en una administración que no cuenta con fuerzas propias, apenas 500 policías comunitarios compartidos con el gobierno nacional. Carelli tiene un delicado parte médico e Ibarra pensaba reemplazarlo después de marzo. El otro sector es el que estaba a cargo de Fiszbin, la más íntima amiga de Vilma Ibarra, la ex subsecretaria de Control Comunal, la jefa de los inspectores que reemplazó a Giudice y conservó parte de la tropa de la radical.
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