Senado debate el Presupuesto 2010
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Los pronósticos oficiales indican, además, que el superávit comercial será de 14.178 millones de dólares y que la balanza se irá equilibrando en 2011 y 2012, con un crecimiento de las importaciones por sobre las exportaciones.
Si bien se estima que el PBI será mayor al de 2009 --que se estancaría en 0,5 por ciento--, el presupuesto reconoce que la economía crecerá a "un ritmo sostenible pero atenuado" el año próximo.
El principal escollo para el oficialismo estaba dado en la pelea por aprobar la prórroga del gravamen a los Créditos y Débitos Bancarios -más conocido como impuesto al cheque-.
Para conseguir la extensión, el kirchnerismo encabezado por el rionegrino Miguel Ángel Pichetto necesitaba el voto positivo de 37 senadores, la mitad más uno de la Cámara, porque se trata de un gravamen coparticipable.
La pelea se instaló en torno a ese impuesto que, según las previsiones del ministerio de Economía, recaudará 22.300 millones de pesos, porque el 70 por ciento de su recaudación lo administra la Nación y sólo el 30 es girado a las provincias.
Ese gravamen más los otros cuatro que se discutieron significa 82.576 millones de pesos, más del 40 por ciento de los fondos del sistema tributario y una mayor coparticipación de su recaudación fue uno de los mayores reclamos de los gobernadores a la Casa Rosada durante el año.
El oficialismo intentaba sobreponerse a la fuerte resistencia de los senadores de la UCR, el PRO, la Coalición Cívica, el Socialismo, el PJ disidente y el cobismo.
En todos los frentes opositores, coincidían en señalar que el mantenimiento de la concentración de fondos en manos del Ejecutivo nacional "atenta y destruye el federalismo construido en casi 200 años".
El socialismo, liderado por Rubén Giustiniani, rechazó la aprobación de ambos proyectos porque "mantienen vigente el esquema regresivo, discrecional y fuertemente centralizador de los recursos, que afectan puntualmente las finanzas provinciales".
Giustiniani denunció que el Estado contará realmente con unos 353.000 millones de pesos, de los cuales remitirá "sólo 83.600 millones" a las provincia, lo que representa un 23 por ciento y evidencia una "violación" a la garantía establecida por la ley de coparticipación que es del 34 por ciento.