El Senado aprobó transferir a la Capital Federal de Mauricio Macri la competencia judicial para juzgar 16 delitos menores en una sesión donde el bloque kirchnerista votó dividido. Aunque Cristina de Kirchner evitó incluir en el temario de sesiones extraordinarias, que comenzó ayer, el traspaso de fondos que reclama el macrismo para montar su propia policía, cuatro legisladores kirchneristas se opusieron incluso a cederle al jefe de Gobierno porteño nuevas competencias para juzgar delitos porque, según dijeron, crea « antecedentes desfavorables».
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La Cámara de Senadores aprobó, tal cual habían acordado Macri y Alberto Fernández en su última reunión en Casa Rosada, el proyecto de ley que ratifica el convenio firmado entre la Ciudad de Buenos Aires y el gobierno nacional, en tiempos de Aníbal Ibarra, sobre la transferencia progresiva de las competencias penales de la Justicia.
Si bien el proyecto desató una nueva polémica en el recinto con las provincias que se oponen a que la Nación le otorgue fondos al Gobierno porteño, radicales, la mayoría de los kirchneristas y de los legisladores de la Coalición Cívica, votaron a favor del traspaso de competencias judiciales en materia penal. El macrismo, que no tiene en el Senado a ningún representante, debió seguir el tema por televisión.
Con 49 votos afirmativos y 5 en contra, el Senado envió a la Cámara de Diputados el proyecto de ley, gracias al aporte decisivo del Frente para la Victoria, espacio que se preocupó en aclarar que «no se toca ni un centavo de las provincias». No alcanzaronlas explicaciones del jefe de la bancada oficialista, Miguel Angel Pichetto, quien no pudo mantener la unidad de criterio en su bancada ya que la salteña Sonia Escudero, los misioneros Luis Viana, Eduardo Torres y Elida Vigo, junto al renovador salteño Agustín Pérez Alsina votaron en contra del proyecto.
«Voté en contra porque me opongo a la cláusula tercera del Convenio donde se establece que habrá transferencia de los recursos pertinentes mencionados en el artículo 75 inciso 2. Antes de eso deberíamos tener una ley de coparticipación equilibrada», explicó a este diario la salteña Escudero. Y dijo que no tenía «ningún inconveniente» con que la Capital Federal «tenga su propia policía y su justicia», pero que se oponía «al traspaso de recursos», argumentando la situación económica acomodada de la Ciudad de Buenos Aires respecto del resto de las provincias.
Reclamo
El oficialista porteño, Daniel Filmus, recordó que el Convenio fue firmado por el ex presidente de la Nación, Néstor Kirchner, y aprovechó para reclamar que se conforme una Comisión Bicameral para estudiar los temas vinculados con la autonomía gradual de la Ciudad de Buenos Aires.
«Apoyamos la medida porque no toca para nada los recursos de los Estados provinciales. No hace falta ponerse a la defensa de nada porque con esto no estamos tocando ni un centavo de las provincias», fue el argumento de Pichetto para intentar calmar los cuestionamientos de algunos de sus legisladores provinciales.
El senador sostuvo que sólo se trata «de un primer paso positivo», aunque remarcó que para que la autonomía de la Ciudad sea completa «debe profundizarse el diálogo entre la Nación y la Ciudad». Enfatizó, además, que este traspaso progresivo debe realizarse porque «la Justicia nacional se ocupa de los casos que ocurren en la Ciudad y eso representa un gasto para el Estado nacional».
A su vez, señaló que el traspaso de los fondos correspondientes para solventar el sistema judicial y la Policía Federal se enmarcan en «un tema de importancia, que tiene que ser analizado con seriedad, entre las partes». La senadora de la Coalición Cívica, María Eugenia Estenssoro, celebró la medida y destacó que «se la incluya en la primera sesión del año».
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