La oposición del Congreso quiere evitar un conflicto de poderes que parece inevitable: el oficialismo del Senado intentará aprobar el miércoles que viene un dictamen que rechaza los amparos judiciales que frenan la designación de jueces. Jorge Yoma, titular de la Comisión de Acuerdos, es el creador de una novedosa jurisprudencia destinada a acatar en la Cámara alta sólo las sentencias firmes y evaluar, según el caso, la medida cautelar que recaiga sobre el pliego de un aspirantea magistrado. «El otorgamiento del acuerdo al Presidente en favor de la designación de los magistrados del Poder Judicial es una facultad privativa del Senado», sentencia el despacho de Acuerdos que adelantó este diario hace 10 días.
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Obviamente, semejante criterio pondrá en estado de alerta a Tribunales y desencadenará un choque. Radicales y provinciales presentarán una posición distinta a la de Yoma y la mayoría del PJ, con la mira puesta en salir del paso -evitar que los amparos demoren la aprobación de diplomas a perpetuidad-, sin despertar celos de otro poder del Estado. El principal problema, aun cuando senadores justicialistas desconfíen de la variante Yoma, es que los opositores no lograron unificar posiciones y, en consecuencia, sus votos se dividirán, favoreciendo al bloque oficial.
Ya es casi un hecho que habrá dos dictámenes de minoría. Por un lado, el renovador salteño Ricardo Gómez Diez, del Interbloque Federal de provinciales, apunta a que sea la Corte Suprema de Justicia la encargada de fijar jurisprudencia. Sin necesidad de desobedecer la medida cautelar, el Senado derivará en el máximo tribunal, vía per saltum -opina Gómez Diez- la facultad de resolver la situación y permitir o no que se avance con el pliego motivo del amparo.
Desde la vereda radical, el santacruceño Carlos Prades viene pregonando sobre la inconstitucionalidad de rechazar amparos con un proyecto de resolución, tal cual plantea Yoma. Si bien la bancada UCR todavía no acordó una actitud unívoca sobre el espinoso tema, Prades armó un borrador de acuerdo con el cual se solicita a la Corte que instruya a los jueces para que definan las medidas cautelares en el corto plazo. La propuesta apunta a impedir que se frenen los diplomas de jueces sine die por culpa de los amparos. Evidentemente, consideró Prades que la opción Gómez Diez altera las etapas procesales al imponer el per saltum.
Los senadores del PJ -aún con disidencias domésticas- sostienen que, de continuar la situación vigente, podrían bloquearse con medidas cautelares todas los nominaciones judiciales. La acción de Acuerdos y del cuerpo «no puede ser pasible de control judicial», concluye Yoma. el texto redactado por Los ejemplos referidos a amparos que paralizaron pliegos de magistrados son surtidos. Hace dos temporadas, quedó suspendido el cursus honorum de Osvaldo Guglielmino en Tribunales. El entonces juez en lo Contencioso Administrativo Federal N° 4 de Capital Federal no pudo mudar a camarista, pero pasó directamente a la Procuración del Tesoro, apenas fue renunciado Gustavo Béliz, por orden de Néstor Kirchner.
A Béliz lo suplantó Horacio Rosatti quien, a su vez, le dejó la butaca a Guglielmino. La resolución de Acuerdos, que se apresta a votar el peronismo, no beneficia o afecta al procurador, si bien puede hacerlo en el futuro.
Distinto es el caso de otros jueces del interior del país, cuyos ascensos habían sido congelados gracias a amparos. A primera vista, el dictamen no produce efectos sobre ningún candidato de renombre (si es conocido el juez que los dictó, Martín Silva Garretón), pero sienta un precedente muy importante.
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