Senado intenta destrabar el paquete de seguridad

El peronismo avanzará desde hoy con la votación de una parte del demorado paquete de leyes de seguridad y justicia. Para eso, las comisiones de Justicia y la de Asuntos Penales del Senado intentarán emitir el dictamen de los proyectos pendientes sobre seguridad. Sentarán frente a los senadores al ministro Horacio Rosatti; al secretario de Seguridad, Alberto Iribarne, y al procurador Esteban Righi. La cuestión será preguntarles si están de acuerdo totalmente con los proyectos que mañana mismo podría tratar el recinto del Senado y que, en muchos casos, fueron pedidos por Gustavo Béliz.

Rosatti llega con especial interés en defender el proyecto de juicio por jurados, otro de los temas que dejó Béliz en herencia sin solucionar dentro de la Justicia. Es una de las propuestas clave del petitorio de Juan Carlos Blumberg de abril pasado, que cosechó más de cinco millones de adhesiones.

El ministro no sólo se encontrará hoy con los integrantes de Justicia y Asuntos Penales, sino que intentará convencer a los más reacios del bloque PJ y al radicalismo de las bondades de ese paquete de leyes.

Acompañado por Iribarne, y con la presencia de Righi -el que discutirá especialmente el proyecto que modifica la acción de los fiscales en la selección del proceso penal-, Rosatti debatirá, desde las 14.30, con los senadores en el Salón Bittel del anexo del Senado Nacional -la antigua Caja de Ahorro-.

Rosatti planteará las diferencias entre su visión y la que tenía Béliz sobre el futuro de algunos proyectos que están poco menos que congelados en el Congreso, y resistidos por algunos jueces, como la reforma del Consejo de la Magistratura y la unificación de los fueros en la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires.

Los senadores quieren preguntarle su opinión sobre otros proyectos como el que aumenta las penas por la asociación ilícita, el que agiliza el procedimiento para los delitos cometidos «in fraganti» y el que eleva las penas para la violación de domicilio.

El Senado debatirámañana en el recinto un paquete de cuatro leyes que están dentro del Plan Integral de Seguridad diseñado por el gobierno durante el paso de Béliz para combatir la delincuencia y que serán despachados por las comisiones.

Allí se incluyen las leyes que incrementan penas por vaciamiento de empresas, otra que establece límites para la eximición de prisión, la ampliación a otros delitos del sistema de protección de testigos -se usa ahora sólo para narcotráfico- y una modificación a varios artículos del régimen de procedimiento:

• Uno de los proyectos modifica el artículo 301 del Código Penal al establecer una pena de 1 a 6 años de prisión para los gerentes, directores administrativos, síndicos o liquidadores que sean partícipes de maniobras de vaciamiento de empresas, cuando, hasta ahora, la pena era de seis meses a dos años de prisión. En el caso de emisión ilegal de acciones o de cuotas de capital, el máximo de la pena se elevará a 8 años.

• También se debatirá el nuevo régimen de protección de testigos y arrepentidos que a partir de una modificación del Código Penal amplía esa herramienta que se podrá utilizar para los secuestros extorsivos, terrorismo y narcotráfico. La ley establece la «creación del Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados, destinado a las personas en situación de peligro para su vida o integridad física, que hubieren colaborado de modo trascendente y eficiente en una investigación judicial de competencia federal».

• Otro de los proyectos que se debatirá con el ministro es el que modifica el artículo 319 del Código Procesal Penal para restringir la eximición de prisión y la excarcelación durante el plazo en que se prolongue el proceso judicial.

• Por último, los senadores quieren dejar lista para el recinto una modificación al código de procedimientos para que los fiscales puedan decidir el mérito y oportunidad y determinar si el delito amerita continuar con una acción pública o de orden privado. En la práctica, esta reforma intenta acelerar los procesos dando más atribución al Ministerio Público, es decir, los fiscales, y por eso la presencia hoy de Righi en el Senado, para participar y decidir el curso de la acción penal, inclusive con mayor participación de los particulares damnificados por la comisión de un delito.