Senado modifica ley de quiebras y frena concursos desde cuarentena de marzo al 30 de junio de 2021

Política

El kirchnerismo impuso su mayoría ayer en la Cámara alta. El macrismo criticó la ruptura del acuerdo logrado en la Cámara baja e insistió -sin éxito- con la versión original. Pases de factura por Vicentin. Combo de iniciativas también avanzó. Un legislador oficialista votó en un momento desde su auto.

Después de su ausencia en la reunión de Labor Parlamentaria realizada el miércoles la titular del Senado, Cristina de Kirchner, comandó ayer una sesión en la que se aprobó un combo de iniciativas: como proyecto principal se destacó la modificación de la más que demorada ley para suspender la ejecución de concursos y quiebras desde el inicio de la cuarentena argentina por el coronavirus -20 de marzo pasado- hasta el 30 de junio de 2021.

A pesar del amplio acuerdo logrado meses atrás en Diputados -casi por unanimidad, es decir, por encima de los dos tercios-, la iniciativa regresará allí en segunda revisión. Ayer, el opositor Juntos por el Cambio solicitó sin éxito insistir en la versión original: perdió 41 a 29. El ida y vuelta de leyes también ocurrió semanas atrás con el nuevo régimen de economía del conocimiento, finalmente sancionado en la Cámara baja luego de los cambios gatillados en el Senado.

Quienes quedarán ahora fuera del alcance de los beneficios de la iniciativa serán las empresas que realicen giros o transferencias al exterior, especialmente a países de baja o nula tributación, y aquellos que concreten operaciones en los denominados “contado con liqui” o MEP. Detrás de las varias modificaciones aparece la disputa entre el Frente de Todos y Vicentin.

El kirchnerismo también agregó en las prohibiciones a las firmas que hayan constituido cualquier activo financiero en el exterior y no se haya efectuado su repatriación dentro del período establecido por la norma. Por otro lado, el proyecto también deja claro que, en el caso de los nuevos juicios iniciados a partir de la vigencia de la ley, el plazo será de 180 días pudiendo el juez, a pedido del deudor, en las condiciones establecidas por dicha norma, extenderlo por única vez en 60 días adicionales.

Quien defendió la nueva iniciativa fue la legisladora ultra-K y presidenta de la Comisión de Legislación General, Claudia Almirón. Bajo un estudio promocionado, la senadora dio a entender que la situación de las quiebras fue peor en épocas del macrismo que en la actualidad. “Me encantaría vivir en ese país que relata”, le contestó la radical Silvia Elías de Pérez, quien criticó al oficialismo por querer “castigar a empresas que no pudieron expropiar”, en clara referencia a Vicentin. Y remató: “Basta de demonizar al empresariado argentino”.

También se sumó al debate Esteban Bullrich, que denostó la “tara ideológica” con la que el oficialismo empuja leyes en contra de las pymes que el Gobierno dice defender. “Usted es empresario y lo sabe”, le espetó el legislador bonaerense al misionero Maurice Closs, que estaba presidiendo la sesión en ese momento y que, por caso, se encuentra entre los legisladores “millonarios” de la Cámara alta.

Luz verde

En el temario de la sesión ordinaria se aprobaron otros proyectos, como la modificación de la ley de Bomberos Voluntarios para la no suspensión de los servicios esenciales en situación de emergencia; y una modificación al Código Civil y Comercial de la Nación sobre la “acción de reducción en donaciones a herederos forzosos”.

Por otra parte, la Cámara alta avaló el guiño al protocolo que aprueba las enmiendas del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, firmado en la ciudad de Nueva York; otra enmienda al Convenio Internacional para prevenir la contaminación por los buques, así como un proyecto sobre acceso a prestaciones sobre cuidados paliativos; la regulación de los principios y alcances de la telesalud; y una adecuación de los contratos de prestación de servicios de telefonía móvil según la zona y el servicio a cubrir.

Durante la aprobación de algunos de estos proyectos se lo vio al senador kirchnerista Guillermo Snopek votando desde su auto.

Expone Raverta

Durante la tarde de hoy disertará de manera virtual, en un plenario de las comisiones de Presupuesto; y de Trabajo y Previsión Social, la jefa de la ANSeS, Fernanda Raverta -ayer la visitó a Cristina- por un proyecto clave en la agenda económica -y de votos- para el Presupuesto 2021: el de “Defensa de los Activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) del Sistema Integrado Previsional Argentino”.

El texto, que ya cuenta con la aprobación de Diputados, activa una especie de perdón a provincias -ya arreglado entre Casa Rosada y casi todos los gobernadores- por deudas con el organismo, pero además involucra modificaciones de flujos y asistencias de la Administración Central y el Tesoro para cumplir con los vencimientos de la Reparación Histórica, tras el agotamiento de recursos generados por el último blanqueo. Por ello es que se pretende evitar la venta de activos del FGS.

La iniciativa también instruye al Ejecutivo para que la ANSES negocie un mutuo “en un plazo 90 días” con las provincias, siempre y cuando éstas quieran. También se permitirá reconvertir dicho acuerdo en un bono con vencimiento a “mediano plazo” -se mencionaron de cuatro a siete años, pero la decisión quedará en manos del Ejecutivo- bajo los siguientes parámetros: “montos del acuerdo”; “plazo” de ocho meses a contar desde la suscripción del acuerdo -es decir, luego de firmar el mutuo-, aunque el Ejecutivo podrá ampliar el plazo; “amortización”; e “intereses”, con tasa Badlar -Bancos Privados- aplicable para depósitos a plazo fijo de más de un millón de pesos de 30 a 35 días.

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