El Senado sancionó ayer una prórroga por dos años de los poderes que el Congreso le da al Ejecutivo para manejar prácticamente toda la administración pública. Esas funciones, conocidas como «legislación delegada», incluyen desde la potestad para recaudar impuestos hasta el manejo de la política monetaria por parte del Banco Central, la emisión de moneda o el control de la seguridad interior.
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Todos esos poderes, históricamente en manos del Ejecutivo por una cuestión de pura practicidad -nadie se imagina al Congreso cobrando el IVA o Ganancias, por ejemplo-debieron ser reorganizados después de la reforma constitucional de 1994, pero por situaciones políticas, siempre se apeló a meras prórrogas.
El proyecto votado ayer lleva ese vencimiento hasta el 24 de agosto de 2004 las «facultades legislativas delegadas por el Parlamento al Poder Ejecutivo sobre materias determinadas de administración o situaciones de emergencia pública».
•Compilación
Antes que se produzca la caducidad el Ejecutivo debe hacer una compilación de las leyes que incluyen ese mecanismo, para determinar el alcance que tendrá su eliminación y selecciones cuáles continuarán en vigencia. Este es uno de los puntos que mantiene el sistema sin definición final desde 1994.
Todo ese cuerpo de poderes, que son propios del Congreso por definición constitucional, pero que por una lógica práctica de gobierno ejerce el Ejecutivo, tienen un vencimiento cercano: si el próximo 24 de agosto la prórroga no es convertida en ley, el gobierno puede perder la facultad de controlar prácticamente toda la administración pública y no podrá ni cobrar impuestos ya que el Poder Legislativo retomaría inmediatamente esas funciones.
Esta disyuntiva, en realidad, ya se dio varias veces desde la reforma de la Constitución y el Congreso prefirió resolverlas por prórrogas cortas, siempre atendiendo a la situación electoral del momento.
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