Senado sacó a un juez de la Corte por fallos

Eduardo Moliné O'Connor se va con gran dignidad. Peleó hasta el último minuto en un juzgamiento plagado de irregularidades. Después de más de 50 años, se hizo juicio político a un juez de la Corte Suprema. Lo expulsan por el contenido de sus fallos, lo cual vuelve al país una republiqueta porque se crea un precedente único en naciones: primera instancia, cámara de apelaciones, casación y/o Corte Suprema y si el fallo no agrada se recurre al Senado para sancionar al juez. Algunos senadores -pocos- por lo menos rechazaron inhabilitarlo para el futuro, aunque votaron la expulsión. Voto nominal en cada causa (le pudieron probar sólo 2 cargos sobre 9) para que queden registrados los nombres. El oficialismo apenas logró 2 votos más para sancionar. País poco serio.

El gobierno logró anoche una menguada victoria en el juicio político a Eduardo Moliné O'Connor. Si bien el Senado destituyó al ministro de la Corte por mal desempeño, después de 3 horas de debate en secreto, el kirchnerismo consiguió 2/3 de los votos para aprobar apenas 2 de los 9 cargos que formaron la acusación.

Para colmo, tampoco pudo inhabilitar a Moliné para ocupar cargos públicos en el futuro, por falta de apoyos, lo cual desnuda la endeblez del enjuiciamiento. Poco auspicioso para un presidente que cree estar en un pico de popularidad (de acuerdo con los encuestadores oficiales) y controla la mayoría de ambas cámaras del Congreso.

La ventaja no resultó holgada, apenas hubo 2 manos en alto por encima del mínimo necesario de 43 para impulsar los reproches por su actuación en el expediente Meller, y se anotaron 19 oposiciones.

Desde el segundo piso de las galerías, casi encima de la cabeza de Cristina Fernández de Kirchner, Moliné escuchó la sentencia en silencio, acompañado por su mujer e hijos. El anuncio fue a las 20.25. Se abrazó con sus familiares, amigos y abogados (Gregorio Badeni, Juan Manuel Aráuz Castex y Eduardo Aguirre Obarrio), y se retiró del lugar, al que había llegado unos minutos antes de que comenzara la sesión secreta, con algunas declaraciones.

«Esto es una victoria porque, en un proceso normal y con garantías de defensa, no hubieran podido destituirme; ahora, acudiré a la Corte y a organismos internacionales», confirmó. «Hasta el ministro del Interior vino a operar en mi contra», sentenció. «¿Lo tiene confirmado?», le preguntaron los cronistas. «Me lo dijeron sus propios colegas», replicó el juez supremo.

• Explicación

La superioridad kirchnerista se alcanzó gracias al aporte de díscolos de la UCR, transversales -Vilma Ibarra y Diana Conti-, y un provincial que cambió de bando, Lázaro Chiappe (Liberal-Corrientes). Chiappe, famoso porque usó un avión sanitario de la gobernación santacruceña para boicotear (sin éxito) en 2002 la derogación de Subversión Económica que le pedía el Fondo a Eduardo Duhalde, adhirió de manera sorpresiva a la defenestración de Moliné. Dicen que, a cambio, le garantizaron el ingreso de Raúl «Tato» Romero Feris, electo representante por la minoría correntina.

Otro que se amañó una mano del Ejecutivo nacional fue el radical Jorge Colazo, que desobedeció a la disciplina de bloque y siguió las directivas del PJ. No parece casual que Colazo vaya a asumir el 10 de enero la gobernación de Tierra del Fuego y pretenda granjearse simpatías en la Casa Rosada.

También jugó un papel fundamental la ausencia de varios críticos del proceso, por caso, Luis Barrionuevo, pero -sobre todo- la partida sobre la marcha de la peronista cordobesa Norma Bermejo, quien había anunciado que votaría en contra en la secreta y, a continuación, se retiró del recinto, antes de que terminara la discusión y comenzara la votación.

Por si fuera poco, Cristina Fernández de Kirchner no pudo festejar la caída de Moliné y finalizó la sesión con gesto adusto. La explicación: el oficialismo fracasó en el intento de ampliar la condena e inhabilitar a Moliné a ocupar cargos públicos en el futuro.

Los peronistas Antonio Cafiero, Ramón Puerta (Misiones), Nélida Martín (San Juan), el formoseño José Mayans, la riojana Ada Maza y Marcelo López Arias (Salta) se dieron vuelta y votaron en contra de la sanción accesoria. A pesar de que habían avalado los reproches por la causa Meller -»haber legitimado judicialmente un proceso administrativo fraudulento y haber abdicado de manera arbitraria a su responsabilidad de efectuar el control de constitucionalidad del artículo 14 de la Ley 48"-, no consideraron que fueran argumentos válidos para excluirlo de eventuales puestos en la función pública, incluso volver a convertirse en juez supremo. Libera al ex megistrado de un baldón vitalicio.

¿O será que, en realidad, se sintieron liberados de la presión gubernamental en este punto y demostraron así que nunca estuvieron convencidos de echarlo del máximo tribunal? Esta votación salió 38 a 25 y no llegó a los 2/3. Cristina de Kirchner se ocupó de fustigar en público y en privado -vía intermediarios- a los que impidieron, desde el justicialismo, la inhabilitación.

Los radicales, con excepción de los disidentes Luis Falcó (Río Negro), Colazo (Tierra del Fuego), Juan Carlos Passo (La Pampa) y los jujeños Gerardo Morales y Mónica Arancio de Beller, se pronunciaron en contra de todos los reproches que enviaron los diputados Ricardo Falú (PJ-Tucumán), Nilda Garré (Frepaso-Capital Federal) y Carlos Iparraguirre (UCR-Santa Fe).

Lo mismo hicieron los provinciales Pablo Walter (Recrear-Tucumán), Ricardo Gómez Diez (Renovador-Salta), Nancy Avelín (Cruzada Renovadora-San Juan) y Pedro Salvatori (MPN-Neuquén). Del peronismo, se atrevieron desde un principio a oponerse a la destitución Eduardo Menem, la salteña Sonia Escudero y el correntino Angel Pardo. Ninguno de ellos accedió a las sugerencias de la cúpula del bloque.

Hubo varias ausencias en la secreta que jugaron un papel fundamental (la mayoría de ellos hubiera favorecido, se supone, al acusado). Del peronismo, muy disciplinado, sólo faltó el catamarqueño Barrionuevo. Los provinciales sólo sufrieron la baja de la neuquina Luz Sapag (MPN) y del comprovinciano del gastronómico, Eduardo Brizuela del Moral (Frente Cívico y Social de Catamarca), gobernador electo del distrito.

Por el lado radical, no participaron Horacio Usandizaga, Rodolfo Terragno y el mendocino Raúl Baglini.

A la primera dama se la recusó desde la defensa por su presunta falta de imparcialidad: además de ser la jueza de instrucción, es cónyuge de Néstor Kirchner, quien pidió la remoción de la denominada «mayoría automática» de la Corte por cadena nacional.

Terragno, que opuso serios reparos a la suspensión de Moliné que votó la Cámara alta, se declaró en rebeldía con el proceso. «En un acto de protesta contra la manipulación y el manoseo institucional -según explicó en un comunicado de prensa-, Terragno no asistirá a la sesión de juicio político e iniciará una campaña para evitar que la mejora de la calidad institucional se convierta en una farsa.»

«El PJ designó a Moliné O'Connor -denunció Terragno- en 1990; lo apañó para que no fuera debidamente destituido en 2002; y ahora le da la oportunidad de presentarse como víctima», sentenció el radical independiente. «Yo combatía a la Corte menemista y a Carlos Menem, cuando éste tenía poder, y Kirchner era menemista», concluyó el ex jefe de Gabinete de Fernando de la Rúa en su alegato por escrito.