Senado apura la "agenda Máximo": comisiones tratan impuesto a ricos y bloqueo a tierras incendiadas

El kirchnerismo quiere avanzar en las próximas horas con el denominado "aporte solidario", en medio de un rechazo generalizado desde el sector productivo. También con la ley que prohíbe entre 30 y hasta 60 años las operaciones en campos quemados. Recinto con sostenibilidad de deuda el jueves y mayoría light para votar al procurador para el día siguiente.

Máximo Kirchner.

Prensa FdT

El Frente de Todos senatorial, que comanda el formoseño José Mayans, irá a todo nada en las próximas 96 horas en el Congreso, con dos sesiones pensadas -aún no oficiales- para jueves y viernes en las que se tratarán, entre otras cuestiones, la nueva ley de “sostenibilidad de deuda” y el proyecto que suaviza la mayoría para elegir al procurador, es decir, el jefe de fiscales. No sólo eso: apurará hoy en comisiones la “agenda Máximo” -Kirchner, jefe del bloque oficialista en Diputados-, con las iniciativas de impuesto a la riqueza -que el kirchnerismo denominó “aporte solidario”- y la prohibición de comercializar tierras incendiadas entre 30 y hasta 60 años, aprobadas la semana pasada en Diputados.

La imposición tributaria para los “ricos” se analizará durante la tarde de hoy en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta, que preside el legislador kirchnerista Carlos Caserio, y donde se espera la exposición de la jefa de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, tras reconocer que habrá más personas que pagarán el “aporte solidario”. En resumen, el proyecto contempla que las personas físicas con patrimonios superiores a $200 millones de pesos pagarán, por única vez, un aporte que tendrá una tasa progresiva del 2% al 3,5%. El texto en cuestión también fija que por el total de bienes en el exterior se tributará un recargo del 50% sobre la alícuota, aunque si la persona trae el 30% de sus tenencias financieras declaradas fuera, dicho diferencial se eliminará.

Por otra parte, la recaudación se destinará, en distintos porcentajes, a equipamiento e insumos para la emergencia sanitaria, pymes, barrios populares, Plan Progresar y exploración de gas. De esa manera, el oficialismo blindó en Diputados los votos de aliados habituales y de jujeños que responden al gobernador de Juntos por el Cambio, el radical Gerardo Morales. Durante la tarde de hoy, se esperan críticas del principal interbloque opositor a través del también radical Martín Lousteau.

Días atrás, el Foro de Convergencia Empresarial dejó claro que la iniciativa “generará un efecto inverso” a la hora de “promover la inversión privada para recuperar la actividad económica y generar empleo genuino”. Como si fuera poco, sostuvo que “el dislate de este impuesto es tan evidente que sorprende su sola discusión”, y que la ley “es confiscatoria, al gravar nuevamente activos que ya son objeto de otros gravámenes y desconoce la realidad económica de los individuos, generando transferencias de recursos entre regiones productivas, centralizando aún más el poder en el ámbito nacional”.

La otra ley de la “agenda Máximo” modifica la norma de manejo del fuego para prohibir la venta de terrenos incendiados en plazos que van de 30 a 60 años, que se discutirá durante la mañana de hoy en las comisiones de Legislación General; y de Ambiente Sustentable. El supuesto objetivo es evitar prácticas especulativas y emprendimientos inmobiliarios.

Sesiones

En las próximas horas se espera, a través de Labor Parlamentaria o con la convocatoria a sesiones especiales, que la Cámara alta debata el jueves la ley para fortalecer la “sostenibilidad de la deuda”, que será aprobada con cómoda mayoría, luego del cierre de las primeras negociaciones entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI). En concreto, la iniciativa impone que el Presupuesto “deberá prever un porcentaje máximo para la emisión de títulos públicos en moneda extranjera y bajo legislación y jurisdicción extranjeras respecto del monto total de las emisiones de títulos públicos autorizadas para ese ejercicio”.

Además, el articulado establece no sólo que “toda emisión de títulos públicos en moneda extranjera y bajo legislación y jurisdicción extranjeras que supere dicho porcentaje requerirá de una ley especial” del Congreso, sino que mismo camino tendrá que adoptar “todo programa de financiamiento u operación de crédito público realizados con el FMI, así como también cualquier ampliación de los montos de esos programas u operaciones”.

El miércoles pasado, y luego de la exposición en comisión del ministro de Economía, Martín Guzmán, el bloque kirchnerista sumó un artículo al proyecto que fue leído por la camporista Anabel Fernández Sagasti. La incorporación hace referencia a una modificación de la ley de administración financiera para que la emisión de títulos públicos en moneda extranjera y bajo legislación extranjera, como programas con el FMI y eventuales ampliaciones, no puedan destinarse a gasto corriente.

Para la última jornada de la semana quedará el proyecto que retoca los dos tercios que requiere, en la actualidad, el cargo de procurador general, en coincidencia con el informe de la comisión que creó el Gobierno para analizar a la Justicia en general. El kirchnerismo busca modificar y llevar dicha vara hacia una mayoría absoluta, es decir, 37 votos.