La comisión de Justicia del Senado finalizó esta tarde la ronda de consultas sobre la reforma de Ley de Ministerio Público y los proyectos que buscan acortar el mandato del Procurador General de la Nación y quitarle el carácter de vitalicio.
Ley de Ministerio Público: finalizó la ronda de consultas y se encamina el dictamen
La reunión de la Comisión de Justicia fue convocada por el senador oficialista Oscar Parrilli e incorporó un nuevo proyecto, de un bloque aliado, que propone reducir las mayorías requeridas en el Senado para ese trámite.
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Debate sobre el mecanismo para remover y designar al Procurador.
En la reunión presidida por Oscar Parrilli se incorporó el tratamiento de la iniciativa que la semana pasada presentó el rionegrino Alberto Weretilneck para llevar el mandato de vitalicio a los cinco años y eliminar el requisito de los dos tercios para la aprobación de un candidato.
El senador oficialista Oscar Parrilli convocó para las 15:00 a la reunión de la Comisión de Justicia e incorporó un nuevo proyecto, de un bloque aliado, que propone reducir las mayorías requeridas en el Senado para ese trámite.
El titular de la comisión adelantó que se retomará el cuarto intermedio una vez que el próximo miércoles, según se espera, el consejo asesor de once especialistas designado por el presidente Alberto Fernández para proponer una reforma de la Justicia se expida también sobre la forma de nombramiento del Procurador.
"En la próxima reunión yo creo que podemos comenzar a trabajar en la elaboración de un proyecto de dictamen que contemple las distintas alternativas que se han dado hasta el momento", indicó.
Hasta el momento solo estaban a la vista dos proyectos de los opositores Martín Lousteau y Lucila Crexell que el oficialismo se negó a retirar, pero ahora se incorporó uno nuevo presentado por el rionegrino Alberto Weretilneck, aliado del Frente de Todos.
Por su parte, Weretilneck resaltó al iniciar el encuentro: "No es grave ni amenaza la libertad de nadie que el Ministerio Público tenga mayor control en manos de la Bicameral".
A su entender, "la propuesta de cinco años está acorde a la realidad de otros países", ya que "cuesta encontrar en la constituciones de otros países el cargo vitalicio permanente".
En tanto, establece el llamado al concurso en 60 días una vez producida la vacante, y fija los traslados de "una manera clara después de lo que nos ha ocupado todo el año hasta el falo de la Corte Suprema", mencionó Weretilneck sobre la polémica en torno a los traslados de tres jueces.
A su vez, la iniciativa plantea cambios en los mecanismos de remoción del Procurador y del Defensor General, y modificaciones en el tribunal de enjuiciamiento, con una integración de nueve miembros (en la que el Gobierno de turno no tendría la mayoría automática).
Además Weretilneck explicó que su proyecto propone que de los nueve integrantes del tribunal de enjuiciamiento para la remoción del procurador, uno solo será del Poder Ejecutivo, tres por la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público, uno por el Consejo Interuniversitario Nacional, dos abogados de matrícula federal y dos fiscales generales.
"El límite de los cinco años nos permite que si hay una elección fallida pueda ser corregida", agregó el ex gobernador de Río Negro.
La iniciativa en cuestión establece que el jefe de los fiscales podrá ser designado por el Senado con "mayoría absoluta", es decir la mitad más uno del total de la Cámara alta, en lugar de la mayoría calificada de dos tercios que opera actualmente. A su vez pone la misma condición para su remoción.
Se trata de una modificación sustancial dado que el bloque del Frente de Todos puede alcanzar ese número (37) con facilidad, ya que cuenta con 41 bancas, mientras que para llegar a los dos tercios requiere del acuerdo de al menos una parte de la oposición.
Por videoconferencia, los senadores escucharon a expertos en el tema, siendo el primero el doctor en derecho penal Nicolás Becerra quien señaló que "un procurador general debe tener un consenso político adecuado para poder ejercer sus funciones. Además, coincido en que la periodicidad debe ser de 5 años".
El segundo orador fue el abogado y licenciado en sociología Roberto Gargarella quien sostuvo: "Mucho más importante que la forma de designación y remoción son las formas de ejercicio de la función y los modos en los que el pueblo preserva su soberana capacidad de decisión y control sobre lo que hacen los funcionarios públicos”.
En tanto, Guido Risso, doctor en Ciencias Jurídicas y especialista en constitucionalismo, señaló que "la mayoría de dos tercios, que es la que se ha venido aplicando, es inconstitucional, porque es una mayoría agravada y todas las mayorías agravadas están expresamente establecidas en el texto de la Constitución”.
El debate se da en momentos en que se mantiene congelado en la Cámara alta el pliego de Daniel Rafecas, propuesto por el presidente Alberto Fernández para encabezar la Procuración General, mientras que el ala kirchnerista de la bancada busca remover primero al procurador interino, Eduardo Casal.
El pliego de Rafecas abrió una pelea interna en Juntos por el Cambio que llevó finalmente a exponer las diferencias que existen en la coalición gobierno sobre la propuesta del Presidente y los pasos a seguir en torno al Ministerio Público Fiscal.




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