Un decreto recientemente firmado por Eduardo Duhalde dio amplias facultades para que funcionarios del Ejecutivo puedan acceder a información clave como cuentas bancarias. Se trata de los cambios introducidos dentro de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico a través del decreto 1341 de hace una semana, en los que se modifican sustancialmente objetivos y responsabilidades de cada dependencia.
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A una dirección nacional por ejemplo -la de Prevención y Control del Lavado de Dinero-, se le asigna, como «acción», la de «efectuar investigaciones técnicas y estudios... tanto en el sistema financiero como en la economía real». Paradójicamente en el mencionado decreto, se le otorgan a la secretaría mencionada, las mismas facultades que a la flamante Unidad de Información Financiera (UIF), creada por la Ley 25.246, hecho que de por sí motivó que en el Congreso se preparen presentaciones inminentes contra lo resuelto por Eduardo Duhalde.
La Secretaría -en el '98 estaba a cargo Eduardo Amadeo, hoy vicejefe de Gabinete -, bajo la promesa de su reestructuración finalizó con más funciones y atribuciones.
En su órbita habrá dos subsecretarías, con dos direcciones cada una en las que se entremezcla las atribuciones con la UIF. Precisamente a esta última, no se le están girando partidas desde el Ministerio de Economía, lo que hace virtualmente impracticable su funcionamiento. No le era accesible a la UIF, sin causas que lo justifiquen, el acceso a la información bancaria, lo que le daba más relevancia en particular por la composición de sus integrantes, técnicos de distintas reparticiones y basados en su nombramiento en una ley del Congreso a diferencia de los cargos políticos de las flamantes subsecretarías y direcciones creadas en la cuestionada secretaría.
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