Sigue interna Alasino-Bauzá

Reapareció Augusto Alasino. Y por escrito. En un texto de 44 carillas denunció ayer ante la Procuración General de la Nación al fiscal Federico Delgado por mal desempeño en sus funciones y la presunta comisión de delitos de violación de la Constitución nacional, violación de las leyes y omisión de actuar de oficio, y persecución delictiva.

En su requerimiento, Alasino ventila detalles de lo que, según él, fue el acceso de ese fiscal y de su antecesor, Eduardo Freiler (hoy es juez de la Cámara Nacional de Apelaciones), a los cargos que ocupan.

Alasino asegura que los fiscales nombrados procedieron «en reciprocidad de favores» y con «notables privilegios» para algunos de los imputados, finalmente sobreseídos, y en desproporción a sus colegas y al mismo denunciante, ahora virtualmente procesados. Para sostener esa grave afirmación, recuerda vínculos de parentesco de Freiler que le habrían facilitado su carrera en el poder (habría ingresado, dice esa historia, como administrativo en la Cámara de Diputados en 1989, cuando él era legislador, gracias a su suegra, que era secretaria administrativa);al parecer, su ascensoen la carrera judicial se debió al suegro, un asesor del PJ, y a un «padrino» político involucrado en la causa de los sobornos que, según Alasino, fue sobreseído. Quedan pocas figuras que pueden coincidir con el identikit confeccionado por Alasino. Todo indicaría que se estaría refiriendo a Eduardo Bauzá.

El Ministerio Público «extra poder» -sigue el ex senador- fue creado y también, durante la administración del ex presidente Carlos Menem, se les dio estabilidad a los agentes. Paradójicamente, la función principal de esta institución joven es precisamente la de «promover la actuación de la Justicia en defensa de la Legalidad». Según Alasino, el tráfico de influencias políticas y familiares embargan el proceder y la objetividad imprescindibles en la función de dichos fiscales. El pedido de Alasino para que el fiscal federal Delgado sea removido del cargo y Eduardo Freiler sea sancionado quedó en el área del procurador general de la Nación, Esteban Righi, quien debe decidir la conformación o no del tribunal de enjuiciamiento que establece la ley.