Sigue pelea por planes sociales

El gobierno profundizó ayer las sospechas sobre el mal manejo de los planes sociales por parte de los intendentes de todo el país. El jefe de Gabinete, Alberto Fernández, aseguró que las anomalías en la entrega de subsidios son «un problema estructural».

Fernández admitió que hubo «demasiadas intermediaciones» en el reparto de los planes lo que « desnaturalizó el objetivo primario» con lo que, deslindó responsabilidades de la actual administración: el grueso de los planes otorgados actualmente datan de 2002.

En rigor, la mecánica original de entrega se pautó -y debió ser controladadurante el gobierno de Eduardo Duhalde, con Graciela Camaño en el Ministerio de Trabajo. Sin decirlo con todas las letras, el jefe de Gabinete cuestionó al ex presidente y a sus funcionarios.

Y lo advirtió al asegurar que «este es un problema estructural, no de dos o tres intendentes bonaerenses». Días atrás, el ministro del Interior, Aníbal Fernández, había apuntando contra algunos jefes comunales acusándolos de hacer «política berreta» con el manejo de los planes.

Igualmente, la lupa que el gobierno puso sobre Buenos Aires, no casualmente vía el ministro de Néstor Kirchner que más conoce ese territorio, tiene también un motivo estadístico: en la provincia se concentró casi 60% del total de irregularidades detectadas en la entrega de subsidios.

Aunque ayer el jefe de Gabinete dijo que la mayor cantidad de anomalías «no ocurre en Buenos Aires», los datos que maneja la Justicia y el gobierno dicen lo contrario: en proporción, el índice de denuncias en la provincia duplica la media nacional.

En diciembre, se pagaron 1.828.354 planes Jefas y Jefes de Hogar. De esa cifra, 693.232 se derivaron a beneficiarios de la provincia de Buenos Aires. Es decir: en el distrito gobernado por Felipe Solá se reparte 37,9% de los subsidios nacionales.

Sin embargo, de acuerdo a las denuncias colectadas por el Ministerio de Trabajo, que se giraron para su evaluación a la Unidad Fiscal de Investigaciones de la Seguridad Social (UFISES), 54,6% de las anomalías se registró con planes cedidos en Buenos Aires.

Las carpetas que estudian de la UFISES, el fiscal Guillermo Marijuan señala que de 1.908 expedientes abiertos 1.043 corresponden a Buenos Aires.

De todos modos, respecto a octubre pasado, la situación varió: por entonces, sobre 1.612 denuncias, en Buenos Aires se concentraba 61% de las anomalías.

Lo seguían Santa Fe con 8%, Tucumán con 6%, mientras Corrientes y Mendoza acumulaban 2,5% respectivamente.

Las irregularidades denunciadas están siendo investigadas por Marijuan que ayer, por radio, aseguró que «no es un tema particular con ninguna intendencia» al tiempo que sostuvo que «habrá que meterse con todo el mundo que esté de alguna manera manejando los magros ingresos públicos».

Marijuan tiene datos sólidos: a las anomalías detectadas en distritos bonaerenses como Moreno o Quilmes, se suman -en ocasiones con procedimientos alevosos-en distintos puntos del país, desde Misiones, Salta o Santiago del Estero.

Al respecto, el fiscal dijo que «cualquier plan que se detecte como ilícito va a servir para otros que se inscribieron y que no pudieron cobrarlo».

Pero ésa es sólo una cifra en un universo basto y complejo. Los piqueteros, por caso Juan Carlos Alderete de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), le acercó semanas atrás a la ministra de Desarrollo Humano, Alicia Kirchner, una lista con 600 mil casos presuntamente irregulares.

Antes, la ministra Kirchner venía elaborando un plan para incrementar el control sobre los planes. A eso apuntó la idea de reactivar los consejos consultivos promoviendo la incorporación de ONG, factor que dicen en gobierno, permitiría mejorar la fiscalización.