Debutó ayer en los Tribunales el nuevo jefe de la SIDE. Carlos Becerra -en calidad de testigo-se amparó en el secreto de Estado para no revelarle al juez Jorge Urso las cuentas secretas de la SIDE, una medida muy profesional en el cerrado ámbito de la Inteligencia pero poco comprendida por los jueces federales sensibles ante el embate -dicen- que vienen sufriendo por parte de algunos sectores políticos: si no declara Becerra deberá hacerlo su jefe directo, o sea el propio Fernando de la Rúa, fue la especulación que se escuchó en ese juzgado. Becerra debió concurrir para emparchar algunos desaguisados de su antecesor, Fernando de Santiba-ñes, quien se encuentra acusado de presunta malversación de caudales públicos por haber utilizado un dine-ro para fines distintos a los que figuraban en el destino original.
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Se trata de los famosos 22 millones de pesos que aparecieron en una cuenta secreta del Banco Nación que no habían sido declaradas en el marco de la investigación por las presuntas coimas en el Senado.
Sin embargo, meticuloso, el síndico general de la Nación, Rafael Bielsa -un hombre del riñón de Carlos Chacho Alvarez y siempre con alguna predisposición a ser el «Señor 5»- descubrió que ese dinero no había sido gastado como sostenía De Santibañes y lo denunció a Urso. El ex banquero contrarreplicó y acusó a Bielsa ante el juez Rodolfo Canicoba Corral de presunta «violación de los secretos de Estado». Ambas causas se tramitan por separado y se da la paradoja de que dos de los jueces cuestionados por la Alianza tienen una de las causas más sensibles para el Poder -después de la del Senado- porque se investiga una dependencia de relación directa con el jefe del Estado. «El Presidente es el único que me puede revelar del secreto de Estado», le dijo Becerra a Urso y éste le replicó que los alcances de esa prerrogativa los mane-jaba el juez de la causa, lo que originó el segundo momento de tensión.
El primero se había precipitado cuando el jefe de la SIDE, en su condición de secretario de Estado, quiso declarar por escrito pero el juez se lo impidió y amenazó con hacerlo traer por el jefe de Policía, Rubén Santos, metiendo una espina en la eterna interna entre los federales y los espías criollos.
Secreto
Serenados los ánimos, Becerra y Urso concluyeron la larga audiencia -duró más de tres horas- con un apretón de manos y el jefe de los espías diciéndole sólo lo que puede explicar: los movimientos burocráticos del dinero -pago de alquileres, personal, proveedores, etc.- pero el destino del dinero grande para operaciones se lo guardó como un secreto de Estado ante la complacencia silenciosa de otros servicios de Inteligencia aliados que se alarmaron poderosamente cuando De Santibañes mandó a su contador Juan José Gallea a contarle estados de cuentas al juez Carlos Liporaci.
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