Sorprende Macri: gobierna, enfrenta al gremio y desregula la obra social

• También impone consejo de seguridad para que no haya más cortes en la Ciudad. Fiscales harán cumplir ley hasta ahora ignorada • Mantiene la promesa de los despidos de "ñoquis" y soporta la primera huelga • Para hoy, se aguarda que Hugo Moyano lo increpe y le promueva nuevos paros y movilizaciones. Obvia entente entre este sector gremial y la Casa Rosada • Enérgico, como pocos lo esperaban, Macri atraviesa su primera prueba de fuego. Al menos, la decidió él en un país donde pocos deciden.

El jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta; Mauricio Macri; el ministro de Salud, Jorge Lemos, y Gabriela Michetti, ayer durante el anuncio de la intervención de la Obra Social de Buenos Aires, donde el jefe de Gobierno admitió que por esa acción «habría muchos palos en la rueda».

Mauricio Macri avanzó contra el gremio de empleados estatales en una jugada inesperada para los sindicalistas que ya comenzaron con paros parciales de actividades para protestar contra 2.300 cesantías. A la decisión de dar de baja a ese plantel le agregó Macri ayer un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para intervenir la obra social de los municipales, conducida actualmente por Patricio Datarmini.

Embistió así el jefe de Gobierno porteño contra el poderoso sindicato, pero con una movida que le reporta más adhesiones que rechazos ya que el DNU se funda en la desregulación de los servicios sociales para permitir que los afiliados puedan optar, como en otros gremios, por la prestación que quieran. Especialmente los docentes venían manifestando -y hasta han mandado cartas al Gobierno de la Ciudad en otras gestiones-querer cambiar de servicio.

En medio de la protesta gremial que coronará mañana (ver nota aparte), Macri lanzó la decisión que si bien en algún momento pensaba tomar, aceleró ante el conflicto, convencido no sólo de demostrar dureza, sino de ganar la conformidad de empleados que reclamaban poder efectuar el mencionado cambio.

La Obra Social de Buenos Aires (ObSBA) se creó mediante una ley, horas antes que asumiera Aníbal Ibarra su primer mandato de jefe de Gobierno en 2000. Con la sanción de la norma, la Legislatura porteña también aportó fondos a la OBSBA, que es conducida por representantes gremiales y del Gobierno de la Ciudad. Una auditoría que habría realizado el ministro de Hacienda, Néstor Grindetti, habría arrojado irregularidades sobre la rendición de $ 20 millones. De todos modos, la oportunidad de la intervención enfrentó en el gabinete a Grindetti con Rodríguez Larreta. El primero logró que Macri jugara a fondo. El segundo quería negociar con los gremios. Hubo varias causas judiciales con fallos a favor y en contra de la optabilidad, pero el servicio nunca se integró al sistema que permite a los afiliados elegir la obra social. En defensa de esa negativa, los argumentos que se esgrimen es que se trata de una obra social-provincial, o de distrito. Macri ayer fundamentó su decisión de intervenir el organismo en el incumplimiento de la ley que creó la ObSBA, en su artículo 12, que indica que con el voto de ocho miembros del directorio (está integrado por 10 directores, presidente y vice) se aprueba la «adhesión al Sistema Nacional de Obras Sociales» y agrega «incluyendo las vinculadas a la desregulación, competencia y libertad de elección de los afiliados».

Actualmente, la ObSBA atiende a unas 340 mil personas, entre los titulares y sus familiares. La intervención se hará por 180 días con posibilidad de prorrogarse otros seis meses, pero antes la Legislatura deberá aprobar el DNU, ya que en la Ciudad de Buenos Aires, esos decretos no tienen validez si en un plazo de 30 días de ser emitidos no son refrendados por los diputados.

Recién el 7 de febrero está prevista la primera sesión extraordinaria del año, donde debería aprobarse el DNU, para lo cual el macrismo cuenta con 28 votos propios y suele reunir quórum con el aporte de los ex aristas Alejandro Rabinovich y Fernando Cantero como con el unibloque del ex jefe de Gabinete de Ibarra, Raúl Fernández, y con miembros de la bancada Coalición Cívica.

El interventor designado por Macri será Jorge Rey, un gerente de empresas privadas, entre las cuales figura IECSA, del grupo de la familia del jefe de Gobierno. En la actualidad, Rey -quien no ha completado la licenciatura de Recursos Humanos se desempeña en CMS Energy y, según su currículum, «es el responsable de las relaciones laborales, sindicales, legales» a nivel regional de la compañía.

Macri anunció la intervención en una conferencia de prensa en el Salón Blanco del palacio de Bolívar 1, acompañado de la vicejefa, Gabriela Michetti; el jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, y casi todos los ministros de su gobierno. Macri dijo que la medida significaba el «respeto por los empleados que trabajan en la Ciudad de Buenos Aires, a un reclamo que lleva años y que tiene que ver con la libertad de elegir la obra social en que se atienden ellos y sus familias». «Se inicia un proceso de libre opción» para los trabajadores, indicó el jefe porteño y acotó que «están cautivos y da un mal servicio, según dicen los empleados».

Además, Macri indicó que se abrirá un proceso de «calidad en la carrera pública» con concursos y cursos de capacitación y que se estudiará la situación de 20.500 contratados para establecer «qué lugares ocupan y si realmente están trabajando». «Sabemos que esto significa un profundo cambio cultural y que no es fácil ya que mucha gente no está de acuerdo y quiere poner palos en la rueda», finalizó el jefe de Gobierno.

Por su parte, Rodríguez Larreta explicó a este diario que «se hará un censo de todos los empleados del Gobierno de la Ciudad», para saber qué actividades desempeñan y «si es útil lo que hacen». El funcionario dijo que el plazo para ese censo es «hasta marzo, pero si surgen conclusiones antes pueden tomarse medidas antes».