Sorprendió Remes al pedir se baje el juicio a la Corte

Jorge Remes Lenicov les transmitió a los diputados del duhaldismo una inquietud: el emisario indio del FMI, Anoop Singh, le deslizó la preocupación internacional por el modus operandi del juicio político a la Corte Suprema.

Los legisladores del PJ bonaerense, que alentaron la movida de defenestración tras la declaración de inconstitucionalidad del «corralito», levantaron el pie del acelerador en los últimos días. Al menos, hasta que el Fondo anuncie si hay o no ayuda para el gobierno de Eduardo Duhalde. Después, claro, ya nadie se acordará.

Mientras tanto, los abogados de la Corte siguen encontrando elementos inapreciables para la defensa que, indirectamente, pueden favorecen la necesidad oficialista de enfriar, aunque sea transitoriamente, el derrotero hacia el cadalso que imaginaron para estos 9 jueces. La última novedad es una nueva contradicción de Elisa Carrió en materia de recusaciones.

Asociada, impensablemente para sus seguidores, con duhaldistas -José María Díaz Bancalari, Graciela Camaño y Jorge Villaverde-, el kirchneriano Sergio Acevedo y las frentistas Nilda Garré y María América González, la jefa espiritual del ARI rechazó hace un par de semanas por «inaplicable» y «desactualizada» una cláusula del reglamento de Diputados, que esgrimió la defensa de Julio Nazareno, Eduardo Moliné O'Connor y Guillermo López para pedir la recusación de los legisladores con matrícula de abogado y actuación en el ámbito del máximo tribunal. A ojos de los letrados, los diputados que revisten este carácter pueden ser parciales y, además, violan una norma de esta ala parlamentaria.

En febrero, Lilita presentó un proyecto para modificar el artículo mencionado, el 90, que fija la competencia de la Comisión de Juicio Político. Y, paradójicamente, no cuestionó el párrafo que alude a la imparcialidad de los diputados y que establece taxativamente que «cuando las quejas o denuncias se refieran a magistrados judiciales de distritos donde alguno de los miembros de esta comisión ejerciese la profesión de abogado o procurador, éste deberá excusarse y se integrará aquélla con diputados de otros distritos».

•Argumento

No se percató de que este texto pudiera haber perdido vigencia, como adujo después. O, quizá, no imaginó que podía ser el mejor argumento de la Corte para quitarle la capucha de verdugo a ella misma (que reclama por la banca de la minoría de Capital Federal para su cofrade, el veterano profesor socialista Alfredo Bravo), a la creadora del televisivo «rinconcito de los jubilados» - María América-, y hasta al peronista tucumano Ricardo Falú, cuyo estudio mantiene causas ante el Superior Tribunal de la Nación.

Carrió pasó por alto en aquel momento ese aspecto reglamentario. No auspició corrección alguna -apenas unos días antes de que afirmara lo opuesto-y conservó la redacción original en el proyecto de resolución que firmaron sus incondicionales fans del ARI, Graciela Ocaña, Marcela Rodríguez y el infaltable Bravo, más el satélite del lilismo Atilio Pascual Tazzioli (Frente Grande-Córdoba).

Apenas allí se dedicó, obsesionada con decapitar al noneto de magistrados -aun cuando estos recurrieran a una salida elegante-, a pergeñar un agregado en la primera parte del artículo 90, destinado a que no se suspenda el trámite del juicio político en caso de renuncia del magistrado objetado, tal cual sucede en la actualidad. Tanta meticulosidad en Derecho no le permitió adivinar el as en la manga que dejaba al alcance de la futura defensa.

La explicación de la contradicción revela, en definitiva y tal cual descubrió este diario, que, a puertas cerradas, Carrió, Acevedo y los demás aspirantes a cortar cabezas en Tribunales son conscientes de que correspondería que den un paso al costado, por lo menos quienes asumieron el papel de fiscales de la Corte y, simultáneamente, tienen radicados expedientes de interés propio -sea personal, familiar o de asociados en la vida profesional-ante el tribunal superior de la Nación. Aunque, delante de los movileros y a la hora de firmar un dictamen, se pronuncien en sentido contrario a la lógica, el reglamento y hasta sus convicciones íntimas, con tal de que no se caiga a pedazos el proceso de destitución de los ministros del Poder Judicial sobre el cual vienen batiendo el parche desde hace semanas.

•Procedimiento

Como bonus para los patrocinantes del trío Nazareno-Moliné-López, en los fundamentos de la iniciativa de febrero Carrió menciona en abundancia a Gregorio Badeni, uno de los abogados defensores de la Corte y, por lo tanto, devenido -de doctrinario de consulta-en adversario de los cruzados del Congreso. Una verdadera sorpresa para la desprevenida Carrió, seguramente.

En su obra «Reforma constitucional e instituciones políticas», Badeni, citado inocentemente por Carrió y compañía, habla de «un procedimiento prudente y eficaz (se refiere al juicio político) para analizar la responsabilidad política de ciertos gobernantes en salvaguarda del principio de idoneidad». Una verdadera advertencia para quienes pasaron de discípulos a contrincantes.

Los memoriosos recuerdan que Carrió tampoco quiso tocar el texto del artículo 90 -en lo atinente a las recusaciones-cuando se reformó el reglamento del cuerpo, en 1996. La abanderada de socialistas y radicales disidentes (y hasta de duhaldistas venidos a menos como Mario Cafiero y Rafael Romá) integró la comisión encargada de actualizar el manual de los diputados nacionales. El reglamento debió ponerse en sincronía con la reforma constitucional del '94 y, en consecuencia, se le introdujeron disposiciones un par de años más tarde.

Mañana, en la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, que encabeza la riojana Alejandra Oviedo, se firmarán sendos dictámenes, uno por la mayoría y otro por la minoría, sobre la validez del artículo de marras. Acevedo y amigos lograron rechazarla por 17 a 5, repitiendo el criterio de juicio político.

•Discusión

No obstante, el delegado de Néstor Kirchner o los emisarios de Carrió en Peticiones no podrán evitar que el menemismo y los provinciales -Oviedo, la salteña Lelia Chaya, Adrián Menem y los correntinos Cecilia Lugo de González Cabañas y Agustín Díaz Colodrero (del tatista Partido Nuevo)- fuercen un pronunciamiento en el plenario de la Cámara baja, al no haber unanimidad de opinión.

Anoche, este sector -proclive a analizar en detenimiento si hay causales jurídicas para la embestida y no meramente políticas, como sus contradictores-discutía si incluir o no en los fundamentos de su despacho el más reciente descubrimiento en materia de contradicciones de Carrió. Asimismo, le pidieron el jueves pasado a Humberto Roggero que, de una vez por todas, se debata en el bloque PJ algo que hasta ahora no se abordó a fondo: si corresponde o no el enjuiciamiento y, en caso afirmativo, la forma y el alcance que debería tener.

Ayer, a todo esto, la Comisión de Juicio Político prorrogó hasta el 3 de abril el plazo para que la Corte haga su descargo. El viernes, el jurista favorito de Carrió (al menos hasta febrero), Badeni, había pedido extender el plazo para responder los cargos diez días más, específicamente hasta el 15 del mes que viene. En otro momento, quizá le hubieran dado la razón.