Tablada: estudian decretos pero no libertad de presos

Fernando de la Rúa, que debe estar el lunes en Costa Rica para visitar entre otras actividades la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, comenzó a hablar anoche sobre la posibilidad de firmar un decreto de necesidad y urgencia que instaure la segunda instancia en juicios penales por sedición pero que no implique la libertad de los presos por el ataque guerrillero al cuartel militar de La Tablada.

Estos condenados realizan hoy una huelga de hambre reclamando que se modifique la ley de defensa de la democracia que se sancionó en la era Alfonsín y no preveía la segunda instancia en juicios por sedición. Confían en que si el Congreso vota esa posibilidad de apelación se los considerará como procesados y podrán acogerse -si un juez lo considera favorable-a la norma del 2 x 1, con lo cual recuperarían la libertad.

Como la Cámara de Casación Penal sentenció la semana anterior que no existe sustento legal para esa libertad, el gobierno empezó a considerar la posibilidad del decretazo en la seguridad de que no implicará la libertad de los condenados.

¿Por qué lo hace? De la Rúa quiere cumplir la sugerencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, con sede en Washington, de que se haga esta modificación de la ley. Como este ha sido argumento también de los defensores de los terroristas del MTP, aspira a dejarlos sin sustento en su presión sobre la opinión mediante la cruenta huelga de hambre. Como esto no lo puede decir, expresa que la demora en el Congreso por votar la ley pone al país en una lista de aplazados en materia de legislación penal y de derechos human os. Desde el 10 de diciembre, el gobierno promovió la sanción de una ley que lo sumió en un enredo.

El peronismo lo sometió a una campaña en contra con el argumento de que el gobierno quería un indulto encubierto. Por eso, le ha negado hasta ahora el quórum para tratar cualquiera de los proyectos.

Los condenados de La Tablada, por su lado, buscaron aprovechar el filón para pelear su libertad por el 2 x 1. Lograron crear una barrera en la opinión pública en contra de cualquier medida en su favor que antes no existía. Con un criterio estratégico indigno de sus alardes de esclarecimiento político y doctrinario, los seguidores de Enrique Girriarán Merlo consiguieron establecer un frente adversario que antes no existía y complicó más su situación.

El Presidente busca ahora evitar que a su llegada a Costa Rica le pregunten sobre La Tablada. Por eso, no se hace acompañar por la secretaria de Derechos Humanos, Diana Conti, sino por su hermano Jorge, ministro de Justicia. Este, en un encuentro que mantuvieron el martes en Olivos le preguntó al Presidente: «¿No tenés miedo de que te planteen lo de La Tablada cuando llegués a Costa Rica?». «-No, porque me han acotado la agenda de temas a tratar en la Corte». Cerca estaba Adalberto Rodríguez Giavarini, quien explicó que el reclamo de la doble instancia es de la Comisión de DD.HH. (Washington) y no de la Corte (Costa Rica). El tema que tratará el lunes el Presidente es una reforma de la carta orgánica de la OEA que le puede quitar facultades a la Comisión (a la que se la considera movida por los EE.UU. y muy severa con la política interna de países acusados de violaciones a los derechos humanos) en favor de la Corte, que funciona más acotada por las leyes.

Para eso, la cancillería envió de adelantado a Costa Rica al ministro Hernán Plorutti, que reporta a otro acompañante de De la Rúa en este viaje, el representante para DD.HH. del gobierno Leandro Despouy.

Ayer, De la Rúa dijo estar preocupado por la salud de los presos de La Tablada que siguen la huelga de hambre, pero negó que vaya a firmar un indulto o una conmutación de penas. Esto es lo que le reclamó a Melchor Cruchaga el martes un lote de artistas y activistas entre quienes estaban el cantante duhaldista Piero, el escritor Osvaldo Bayer, el pastor Adolfo Pérez Esquivel y una enviada de Hebe de Bonafini.

Ante la medida de los presos, el gobierno sólo cuenta con el recurso de que los jueces de Capital Federal han dado la orden de que si alguno de los presos se descompensa será obligado, aun contra su voluntad, a ingerir alimentos aunque fuera por vía endovenosa.

Estos prometen resistir cualquier alimento forzado e insisten, como hicieron en 1989 cuando atacaron el cuartel militar de La Tablada, se defienden apelando a un ilusorio apoyo mayoritario de la opinión del cual no han podido recoger ningún testimonio.

En tal extremo de irracionalidad creen que podrán torcer la voluntad de los legisladores que ya han dado de baja el proyecto de la agenda de discusión por falta de interés.