Tarifazo: el Ejecutivo apeló fallos que frenaron aumentos en gas y luz

El gobierno nacional apeló ante la Cámara Federal de La Plata, a través de dos recursos extraordinarios, los fallos que anularon el aumento en las tarifas de gas y electricidad, confirmaron fuentes del Ministerio de Energía.

La Sala II de esa Cámara, que anuló el incremento en las tarifas, deberá decidir en un plazo de diez días hábiles, si acepta la apelación, y luego remitir el expediente a la Corte Suprema para que resuelva sobre el fondo del conflicto.

En caso de que esa cámara rechace la apelación el gobierno presentará un "recurso de queja" ante la Suprema Corte, según lo adelantó el ministro de Energía, Juan José Aranguren.

La Cámara también deberá definir si le otorga efecto "devolutivo" o "suspensivo" al fallo que anuló las resoluciones sobre el aumento de las tarifas de gas.

Fuentes del ministerio de Energía confirmaron que si la Cámara gira el caso a la Corte, permanecerá el efecto suspensivo sobre el aumento, pero si la rechaza, automáticamente tendrá vigencia el freno a los aumentos.

Según la actitud que tome la cámara, su decisión podría significar la continuidad o no de la suspensión del aumento en las tarifas del servicio de gas, hasta que la Corte, se pronuncie sobre la cuestión de fondo.

La cámara había dado lugar para frenar el tarifazo en el servicio de gas al pedido del Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS) y la ONG Consumidores Argentinos.

Ambas entidades plantearon la inconstitucionalidad del aumento aduciendo que el Estado no realizó previo una audiencia pública para informar a los usuarios de los cambios en el cuadro tarifario del gas.

La Cámara Federal de La Plata también había suspendió por tres meses la instrumentación de los aumentos en la tarifa de luz en las áreas operadas por las empresas Edenor y Edesur, en el gran Buenos aires.

La medida la adoptó también la Sala II integrada por los jueces César Álvarez y Leopoldo Schiffrin, al hacer lugar a una medida cautelar solicitada por los diputados del Frente para la Victoria, Walter Abarca y Evangelina Ramírez, y la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires.