Teme el PJ no poder destituir a Vázquez

Los senadores del oficialismo intentarán destituir a Adolfo Vázquez por los mismos reproches que usaron contra el destituido ministro de la Corte Suprema, Eduardo Moliné O'Connor: «haber legitimado judicialmente un proceso administrativo fraudulento y haber abdicado de manera arbitraria a su responsabilidad de efectuar el control de constitucionalidad del artículo 14 de la Ley 48» en el caso Meller.

El dato, que anticipa el juicio político que se sustanciará contra Vázquez en 2004, no es menor porque pone en evidencia la interminable y áspera pelea entre diputados y senadores por la forma y el contenido que sirve para expulsar del máximo tribunal a los representantes de la denominada «mayoría automática» menemista, tal cual pidió Néstor Kirchner por cadena nacional de radio y TV.

La puja comenzó cuando Ricardo Falú acusó de supuestos «pactos espurios» a menemistas, radicales y provinciales que demoraron el inicio de la etapa final del enjuiciamiento a Moliné. Tomó temperatura, luego, con las cuestiones de privilegio que llovieron contra el presidente de la comisión de Juicio Político. Más recientemente, los justicialistas del Senado se quejaron de la endeble acusación que les trasladaron desde la otra ala parlamentaria, y no sólo porque espantó a muchos radicales que hubieran querido defenestrar a Moliné y no lo hicieron por vicios y fallas del procedimiento.

Ayer, Falú reflotó su campaña contra el radicalismo, los menemistas y el Interbloque Federal de provinciales. «Los radicales, como políticos, actuaron equivocadamente: pasaron facturas, pusieron palos en la rueda y dañaron innecesariamente a la UCR; son la pústula de ese gran partido», denunció. «Era la votación que preveíamos», concluyó Falú.

De paso, confirmó que, en vista de que la Cámara alta desechó los expedientes Macri y Magariños en el proceso contra Moliné, Diputados excluirá estas carpetas comunes conVázquez y, en cambio, sólo aprobará en el recinto -casi con seguridad, en marzo- el expediente Meller (aún cuando, en este aspecto,Vázquez no ha firmado lo mismo que Moliné y la acusación se torna más débil) y le sumaría otro nuevo, Dragonetti de Román, que no se llegó a estrenar en la embestida contra el ex vice de la Corte.

Pero la riña no afecta sólo a la oposición. Los tironeos bicamerales involucran a los oficialistas de ambas cámaras. Sin entrar en una polémica frontal con el diputado Falú, senadores afines al kirchnerismo adelantaron, a condición de guardar el anonimato (integrarán un tribunal y emitir opinión podría derivar en recusaciones), que sólo prosperarán los mismos reproches que terminaron con los días de Moliné en la cabeza del Poder Judicial.

Esto significa, lisa y llanamente, que consideran inviable ajusticiarlo por la sanción que recibió la jueza Dragonetti, similar, a criterio de los neófitos, a la pena que le impusieron los jueces supremos al magistrado Héctor Magariños. «Se trata de una sanción de plano que, ni siquiera en el Consejo de la Magistratura consideran impropia del máximo tribunal, a diferencia de lo que sucedió con Magariños», explicó a este diario uno de los legisladores que contribuyó a descartar la utilización del caso Macri, e incluso Magariños, en la carga anti-Moliné.

De acuerdo con este criterio, el mismo bloque PJ que conduce Miguel Angel Pichetto archivará los siguientes mandobles contra Vázquez que redactaron Falú y compañía: 1. Invadir la esfera de competencias propias del Consejo de la Magistratura de la Nación, arrogándose facultades de otro órgano del Estado (Consejo de la Magistratura).

2. Afectar garantías constitucionales, vulnerando el principio del debido proceso y el derecho de defensa (Art. 18 CN).

3. Violar la independencia del Poder Judicial, amedrentando a una jueza de la Nación, a través de una sanción administrativa.

• Convicción

Falú subrayó, en diálogo con este diario, que «tengo la convicción de que es muy grave amedrentar a un juez, tal cual sucedió con la doctora Dragonetti». Según el legislador de Tucumán, «la Corte le negó, por vía judicial, el derecho a ejercer la legítima defensa a la magistrada».

El dictamen de Juicio Político, que incluye Meller y Dragonetti, fue elevado a la presidencia de Diputados y tiene orden del día, motivo por el cual puede ser tratado en cualquier momento, si bien parece más que razonable darle tiempo a los 130 diputados que inician mandato pasado mañana para que estudien el texto y los antecedentes.

Para evitar disgustos, se le puso orden del día el jueves pasado, a menos de 24 horas de la votación senatorial contra Moliné. De esta forma, el despacho contraVázquez caducará recién el 10 de diciembre de 2006. Lo más probable es que, si se acepta la sugerencia de Falú, el peronismo de Kirchner trate de votarlo con 2/3 de votos en el plenario de la Cámara Baja, apenas se inicie el período de ordinarias.

En ese contexto, teniendo en cuenta el antecedente ineludible de Moliné, la acusación contra Vázquez desembarcaría en el Senado en abril y, a mediados de año, habría otra vacante en la Corte, de no mediar un imprevisto sea por renuncia del reo o porque surjan desavenencias entre los propios justicialistas. A nadie escapa que llegarán al Senado figuras de peso al estilo de Rubén Marín y CarlosAlberto Reutemann, que podrían poner reparos a repetir con Vázquez la celeridad que le imprimió el Ejecutivo a la defenestración de Moliné.