Buenos Aires - Luego de un fin de semana feroz, Felipe Solá depurará su agenda política, aislando como prioridad exclusiva la cuestión de la inseguridad que, en las últimas horas, computó al menos siete muertes trágicas.
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El gobernador prevé una cita con Eduardo Duhalde -hoy a las 9- y el anuncio de distintas medidas. Pero, ante todo, intenta un análisis preciso sobre la ola violenta, sus alcances y sus orígenes.
Dos fuentes cercanas a Solá coincidieron ayer en que la andanada delictiva es una consecuencia social e «impredecible» pero que no se debe descartar una hipótesis conspirativa: que detrás del estallido criminal existe la intencionalidad política expresa de generar «confusión» y «caos».
Uno de los hombres más cercanos al gobernador presentó su versión. «Si alguien quiere atacar a Felipe, sabe que el flanco más endeble es la seguridad.» Y admitió que Solá, en su fuero íntimo, «sospecha que algo de eso hay». El propio gobernador, el sábado, a la salida del velatorio del comisario Daniel Palacios, asesinado por un delincuente en su quinta de Tortuguitas, interpretó que «no es casual» la cantidad y crudeza de los hechos violentos.
La profanación de tumbas en el cementerio de La Tablada, también -entienden en La Plata- abona la teoría sobre desestabilización política.
De todos modos, el gobierno no quiere perder de vista el origen primario de la crisis: en la ola delictiva se conjugan la desesperación de marginales, el deterioro social y las limitaciones de la Policía. El gobierno anunciará algunas medidas de peso. A saber:
• Solá presentará esta semana -quizá después de reunirse hoy con Duhalde- un grupo antisecuestros. Serán dos brigadas, integradas por entre 10 y 15 efectivos, capacitados para actuar ante el hecho consumado porque es difícil prevenir los secuestros express. Actuarán en el norte y sur del conurbano, donde se registró gran cantidad de casos, sobre todo en San Isidro y Lomas de Zamora. El diseño corrió por cuenta del jefe de la Bonaerense, Alberto Sobrado.
• El subsecretario de Política Penitenciaria, Marcelo Lapargo, define las pautas de un plan carcelario para que, antes de fin de año, se puedan desagotar las comisarías saturadas de presos (hay 7.000 mil) para aumentar la cantidad de policías en las calles.
• Públicamente, el gobierno saldrá a pedir que se denuncien los secuestros. Solá expuso un dato: entre enero y junio de este año, hubo 34 hechos y en todos, salvo uno, las víctimas resultaron ilesas y se detuvo a los responsables.
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