Textual, lo nuevo del canciller en el Congreso

El canciller Jorge Taiana estuvo ayer por segunda vez en el Congreso en 72 horas. Fue para dar un informe sobre la instalación de las plantas de celulosa en el Uruguay ante la Comisión de Relaciones Exteriores. Era esperable que repitiera argumentos ya dichos el martes a los diputados. Por eso se limitó a transmitir una síntesis del conflicto y las novedades que surgieron en la semana. Veamos lo principal.

• El 14 de febrero me dirigí a los miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Honorable Cámara de Diputados, a fin de transmitirles un relato pormenorizado del desarrollo cronológico de la controversia -en particular, en lo que concierne a la Cancillería a mi cargo-. No es mi intención reproducir los términos de dicha intervención, que es de conocimiento público y cuyo texto se puso a disposición de esta Honorable Comisión. Creo oportuno, en cambio, reseñar sintéticamente los hitos de la controversia y actualizar dicha reseña en función del debate enriquecedor que pudimos mantener con los señores diputados.

• Desde fines de 2003, la República Oriental del Uruguay ha violado el derecho internacional en tres oportunidades, afectando los derechos e intereses de la Nación Argentina, y poniendo adicionalmente en riesgo el bienestar y la salud de una parte de su población. Lo hizo al autorizar la construcción de las citadas plantas industriales y sus instalaciones conexas, incumpliendo el Estatuto del Río Uruguay de 1975, un tratado bilateral con la Argentina que tiene por objetivo principal asegurar la calidad de las aguas de un río compartido por ambos países, el río Uruguay, e incumpliendo asimismo preceptos básicos del derecho internacional relativos a la protección del medio ambiente.

• Los antecedentes que presenté en mi intervención ante los señores diputados y que constan en la documentación entregada a esta Comisión ilustran con claridad que la Argentina procuró reiteradamente poner en práctica el citado mecanismo de consulta e información previas en el seno de la Comisión Administradora del Río Uruguay -la CARU- , entidad binacional responsable de la administración del Estatuto. Estos esfuerzos se vieron no sólo frustrados sino hasta burlados por la autorización unilateral del 9 de octubre. Desde fines de 2002, en la CARU hubo conversaciones acerca de información extraoficial que señalaba que existía la posibilidad o el intento de que se instalara una planta.

• En esta situación, la Cancillería procedió a defender los derechos argentinos vulnerados, teniendo a la vez presente la naturaleza de nuestra vinculación con el país que los estaba afectando. Suspendidas las sesiones de la CARU -paralizada por la negativa uruguaya a cumplir con el Estatuto-, ensayó al nivel de los gobiernos medios buscar una solución a la controversia que la actitud uruguaya había generado. Voy a leer un párrafo de la carta que presentó la Cancillería argentina el 27 de octubre de 2003, porque el 9 de octubre se produce la aprobación unilateral y ese mismo día el entonces presidente Batlle, en Anchorena, afirma que no se va a poner en marcha nada, y el 27 de octubre nos mandan la carta donde nos comunican que está lista la autorización para construir.

• En este contexto se inscriben los encuentros que los cancilleres de ambos países mantuvieron en marzo de 2004. El canciller argentino aceptó de buena fe la promesa que su par uruguayo le hizo respecto de la información que aportaría el Uruguay a fin de que se pudiera establecer el impacto ambiental de la planta proyectada. Sobre la base de esta pro-mesa, ambos cancilleres consideraron útil que la CARU anticipara un esquema de monitoreo de la calidad ambiental en el río Uruguay para el caso de que se instalara una planta celulósica.

• Esta es la naturaleza real del mal calificado «acuerdo» de principios de 2004, que, como señalé a los señores diputados, por errores en el trámite de las comunicaciones internas entre las áreas gubernamentales competentes, no fue correctamente transmitida al señor jefe de Gabinete de Ministros. Pero estos incidentes burocráticos no deben confundir la cuestión central. Si hubiese existido un acuerdo, hoy no deberíamos estar haciendo esta presentación. O bien el proyecto de ENCE se hubiera detenido, o bien el Uruguay hubiera seguido, con relación al mismo, el mecanismo de consulta o información previas previsto en el Estatuto.

• Nada de esto ocurrió. La información prometida no sólo no llegó sino que el Uruguay decidió sorpresivamente vulnerar por segunda vez el derecho internacional al autorizar, el 14 de febrero de 2005 -hace un año-, la construcción de una segunda planta, proyectada por la empresa finlandesa Botnia SA, con el doble de capacidad de producción que la anterior, vecina de ésta.

Ambas representan más del doble del total de la producción argentina, con el consiguiente impacto ambiental acumulativo. Las dos plantas, con un 1 millón de toneladas por año y 500.000 toneladas por año suponen en una localización de 6 km una producción anual que equivale al doble de toda la producción argentina y está concentrada en 6 km frente a una ciudad importante como es Gualeguaychú.

• Puede imaginarse la profunda irritación y desazón que ocasionó este segundo incumplimiento entre nosotros. Un nuevo gobierno, sin embargo, estaba inaugurándose en el Uruguay, un gobierno distinto del que había autorizado la construcción de las plantas en detrimento del derecho internacional. Era una oportunidad propicia para intentar nuevamente reencauzar la situación. Tenemos dos problemas: la falta de cumplimiento en la autorización en los dos casos y adicionalmente la falta de información adecuada. No sólo es un problema de forma la autorización de violación del Estatuto, adicionalmente hubo una información limitada y no nos permite a nosotros hacer un análisis serio y responsable del impacto de las plantas.

• Cada vez que estuvimos a la espera o con un mecanismo para encauzar el conflicto, se produjo un hecho unilateral. Son más de dos años de frustraciones, de agotamiento de todos los esfuerzos negociadores constantemente impulsados por la Argentina. Mientras tanto, los hechos: las plantas proyectadas se materializan, día a día.

• Siempre hemos estado dispuestos a dialogar con el Uruguay, a fin de explorar todos los medios para una solución a esta controversia que sea plenamente compatible con la preservación del ecosistema asociado al río Uruguay, particularmente en beneficio de las comunidades argentinas adyacentes al mismo. Nuestra voluntad de diálogo tiene, sin embargo, un límite. Un límite que, ante la continuada negativa del Uruguay a cumplir con sus obligaciones internacionales, nos obliga a plantearnos el recurso al mecanismo apropiado para la solución pacífica de controversias de esta naturaleza, la Corte Internacional de Justicia. Este límite no es abstracto: podemos verlo dibujado en los rostros angustiados de los habitantes de la provincia de Entre Ríos frente al avance de instalaciones que pueden poner en peligro su salud y la de sus descendientes.