La Justicia le ordenó este miércoles al Gobierno nacional preservar toda la información existente sobre las tierras rurales de la provincia de Buenos Aires que quedaron registradas a nombre de extranjeros y entregar datos sobre la actualización de esas bases.
Tierras bonaerenses: la Justicia ordenó al Gobierno Nacional preservar los registros de los campos en manos extranjeras
El Ministerio de Justicia de la Nación tendrá cinco días para informar hasta cuándo se actualizó el Registro Nacional de Tierras Rurales y deberá conservar los antecedentes reunidos durante los últimos 15 años. La medida fue dictada a pedido de la Defensoría del Pueblo bonaerense.
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Tierras bonaerenses: la Justicia ordenó al Gobierno Nacional preservar los registros de los campos en manos extranjeras.
La decisión busca evitar que, tras la derogación de la Ley de Tierras Rurales, desaparezca información que permita saber cómo se distribuye la propiedad sobre el territorio bonaerense.
La medida fue dictada por el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 4 de La Plata, a cargo de la jueza Güendalina Sessarego, luego de una presentación de la Defensoría del Pueblo bonaerense, encabezada por Guido Lorenzino.
El tribunal estableció un plazo de cinco días para que el Ministerio de Justicia de la Nación informe hasta qué fecha fueron relevados y actualizados los datos del Registro Nacional de Tierras Rurales y, al mismo tiempo, dispuso que se garantice la conservación de los antecedentes registrales, catastrales y administrativos acumulados durante los años de vigencia de la normativa.
La Justicia buscó evitar que se pierda el registro histórico que permite reconstruir quiénes fueron adquiriendo tierras, dónde están ubicadas y cómo fue cambiando la titularidad rural en la provincia.
La información que la Justicia quiere preservar
La preocupación surgió luego de la derogación de la Ley 26.737, conocida como Ley de Tierras, a través del artículo 154 del DNU 70/2023.
Esa norma había creado el Registro Nacional de Tierras Rurales y establecido límites para la titularidad extranjera. Entre otras restricciones, fijaba un máximo del 15% para la propiedad extranjera de tierras rurales en el territorio nacional, las provincias y los municipios.
Con la derogación del régimen, la Defensoría advirtió que no sólo desaparecían determinadas restricciones, sino que también podía quedar comprometida la información que durante años había recopilado el Estado.
El planteo puso especial atención en zonas bonaerenses donde existe una importante presencia de titulares extranjeros, como Campana y Zárate.
Para la jueza, la información tiene un valor que excede a esta causa judicial. Se trata de datos necesarios para conocer la evolución del territorio y eventualmente diseñar políticas públicas.
En ese sentido, sostuvo que existe el riesgo de que durante el tiempo que demande la intervención del juez competente se produzca “la pérdida de información pública que ocasionen un daño de imposible reparación ulterior”.
Y remarcó que lo que se pretende proteger no es solamente una prueba para este expediente, sino información estatal que permite conocer “la evolución de una realidad territorial dinámica”.
Un punto importante de la resolución es que la cautelar no restablece la Ley 26.737 ni suspende la derogación dispuesta por el Gobierno nacional.
El Defensor planteó la inconstitucionalidad del artículo 154 del DNU del Gobierno. Pero la jueza se declaró incompetente en ese aspecto.
La magistrada consideró que la discusión sobre la constitucionalidad del artículo 154 del DNU 70/2023 corresponde a la Justicia Federal. Por ese motivo, se declaró incompetente para resolver esa cuestión y dispuso que el expediente continúe por esa vía.
Pero entendió que había una cuestión urgente que sí podía proteger: que la información existente no sea destruida, modificada o quede inaccesible mientras se define qué tribunal deberá intervenir sobre el fondo del conflicto.
La jueza advirtió que la eventual pérdida o alteración de los registros podría afectar la planificación futura y el desarrollo sostenible de la Provincia.
En uno de los pasajes del fallo, explicó que la información podría resultar necesaria “para la proyección de políticas públicas futuras” y también para “nutrir el debate democrático”.
El reclamo de la Defensoría
Desde la Defensoría del Pueblo bonaerense habían advertido que la desaparición del régimen nacional dejaba a la Provincia frente a un escenario en el que podría resultar cada vez más difícil conocer cómo evoluciona la titularidad de sus tierras rurales.
Lorenzino sostuvo que “no podemos permitir que la flexibilización o la falta de los controles deje a las y los bonaerenses a ciegas sobre la soberanía de sus recursos naturales y del suelo rural”.
Y agregó: “Proteger la información pública sobre nuestro territorio es central para garantizar la sustentabilidad ambiental y los derechos de las futuras generaciones”.
La decisión adquiere relevancia después del reciente fallo de la Corte Suprema que dejó sin efecto una sentencia que había declarado inconstitucional la derogación de la Ley de Tierras. El máximo tribunal rechazó aquella demanda por cuestiones de legitimación y aclaró que no estaba resolviendo la constitucionalidad del DNU en sí mismo.
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