Felipe Solá logró sortear el escollo que la UCR rebelde le puso a su proyecto de descentralizar la Bonaerense: ayer, luego de una agitada pulseada, cinco intendentes del radicalismo disidente firmaron su adhesión al plan de creación de la Policía Comunal.
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Hasta ayer, sólo dos distritos UCR -Villarino y San Antonio-de Areco-se habían sumadoal programa que parcela la Policía y deriva el control político de la fuerza a los jefes comunales aunque la estrategia global sigue en manos de la provincia, vía León Arslanian.
Los intendentes que desfilaron por La Plata para reunirse con Solá y rubricar su aceptación al plan de Policía Comunal son Eduardo Larraza (Castelli), Carlos Valicenti (General Lamadrid), Carlos Cordero (Guaminí), Horacio López (Puán) y Héctor Equiza (Punta Indio).
Fue una negociación ardua en la que cada parte cedió un poco: la provincia aceptó dos de las condiciones fijadas por los radicales mientras éstos, en tanto, renunciaron a insistir -al menos, por un tiempo-con anular la elección directa de los comisarios.
Fueron necesarias varias citas para que los municipios y Solá, que derivó la negociación a su ministro de Gobierno Florencio Randazzo, lograran un acuerdo. Se convino entonces lo siguiente:
• Tal como reclamaban los intendentes, la provincia no podrá modificar el presupuesto que a cada distrito destina cuando éste adhiere a la Policía Comunal. Como llamador para seducir a los jefes comunales, Arslanian tentaba con envío de recursos y equipamiento «extra» a los distritos y, sobre todo, un retoque del régimen laboral de los policías que pasarán del histórico 24 x 48, a 8 horas diarias, con 4 extras por día y un feriado semanal. Esto implica una mejora en los sueldos de los uniformados porque les garantiza 100 horas extra mensuales que equivale a 700 pesos adicionales por mes. Los radicales sospechaban que una vez que firmaran su adhesión, el gobierno modificaría las partidas y le quitaría recursos. En el convenio sellado ayer la provincia se compromete a mantener al menos durante un año la base presupuestaria vigente al inicio de la Policía Comunal.
• Otra condición que plantearon los radicales apuntó a que el intendente, que será el jefe político de la Policía, también tenga incidencia a la hora de establecer sanciones a los efectivos. El protocolo acordado ayer le otorga facultades para intervenir en las medidas disciplinarias. Antes, la reserva de los intendentes apuntaba a que debían tener poder de sanción porque la Policía es vertical y si el jefe comunal no podía disciplinar, le restaba poder de determinación y autoridad.
• La provincia, en tanto, logró postergar el debate -o diluirlo-en torno de uno de los temas más taquilleros de la reforma Arslanian: la elección, a partir de 2007, de los comisarios de cada pueblo. La UCR advirtió, desde el principio, que eso le generaría un poder paralelo al intendente y dudaban, por ejemplo, sobre cómo harían los jefes policiales su campaña electoral. Martillaron sobre esta cuestión, pero al final aceptaron adherir sin que lograr retoques en ese aspecto. «Se va a dar en 2006» dijeron quizá con la ilusión de que, para entonces, el proyecto se convierta en papel picado.
Además de Solá y Arslanian -que no podía encontrar la forma para desanudar ese problemael convenio de ayer tuvo otro ganador: el Grupo Olavarría, gestor del acuerdo, casi funcionando como un «foro paralelo» que preside el moroísta Omar Duclós.
Por eso, por La Plata aparecieron los principales referentes díscolos. Entre los radicales, Mario Meoni (Junín), Helios Eseverri (Olavarría), Gustavo Posse (San Isidro) y Enrique García (Vicente López), además de legisladores como Graciela De Leo, Jorge Martínez y Alberto Conde.
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