18 de septiembre 2020 - 13:50

UIF se presentó como querellante en la causa que investiga 950 cuentas en el extranjero sin declarar

El organismo antilavado señaló que existiendo formación de activos en el exterior, en cuentas que no fueron declaradas ante la autoridad fiscal nacional, se debe investigar las posibles maniobras dirigidas a dar apariencia legal a a bienes de origen ilícito.

Unidad de Información Financiera (UIF)

Unidad de Información Financiera (UIF)

La Unidad de Información Financiera (UIF), conducida por el profesor de Derecho penal de la UBA, Carlos Cruz, pidió ser tenida como parte querellante en la causa en la que se investiga la existencia de 950 cuentas de argentinos radicados en el exterior que no habrían sido declaradas en el país por una suma que ronda los 2.600 millones de dólares.

La jueza María Eugenia Capuchetti, a cargo de la investigación, rechazó el pedido de la UIF. Sin embargo, desde el organismo informaron que van a apelar la definición debido a que es fundamental que desde la Unidad se investigue

La investigación penal tuvo su origen ante una presunta protección de evasores por parte de las autoridades que tuvieron a su cargo la dirección de la AFIP hasta el 10 de diciembre de 2019, ya que esta agencia habría ocultado la información relativa a esas 950 cuentas de argentinos en el exterior por un valor de 2.600 millones de dólares. Información que fue entregada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), entidad que comparte su sede en París con el GAFI, en el año 2017, en el marco del proceso de intercambio entre agencias que se ocupan de temas tributarios.

En esa causa penal se investiga asimismo si dicha información pudo haber sido adulterada, recortada o eliminada parcialmente y haber dado lugar a la prescripción de obligaciones de pago de impuestos en beneficio de los de titulares de las cuentas alteradas u omitidas.

De esta manera, la investigación judicial se aboca a analizar las consecuencias jurídico-penales derivadas de la inacción de algunos funcionarios y de la manipulación de la información, por lo que inicialmente, se evalúa que hay incumplimientos funcionales, encubrimiento, adulteración de información, posibles complicidades de funcionarios públicos con Sujetos Obligados. Hechos que podrían alterar la vía de escape organizada por la ley de blanqueo de capitales.

A partir de la normativa en materia de Lavado de activos, la acción de la UIF se encamina al análisis de los hechos que habrían llevado a la prescripción de las obligaciones de pago por parte de los titulares de las cuentas involucradas en el ocultamiento; la responsabilidad de las y los funcionarios en relación a la información ocultada; la eliminación de parte de esos datos y a determinar el origen de todo ese dinero depositado en cuentas en el exterior en función de la Ley de blanqueo.

En este sentido, existiendo formación de activos en el exterior en cuentas que no fueron declaradas antes la autoridad fiscal nacional, la UIF apunta a investigar las posibles maniobras dirigidas a dar apariencia legal a bienes de origen ilícito, el ocultamiento de información sensible y la evasión fiscal, todo ello con el consiguiente perjuicio para el orden económico financiero del país y el conjunto de la sociedad.

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