Santiago del Estero --Mientras anoche arreciaban las versiones de que el matrimonio Juárez dejaría la provincia, posiblemente con destino a la Capital Federal, un grupo de legisladores santiagueños hacía llamados desesperados a Buenos Aires. «Frenen la intervención, que nosotros suspendemos a la 'Nina' para hacerle juicio político», decían los diputados provinciales, hasta hace minutos juaristas, a los senadores nacionales que los escuchaban, al otro lado de la línea, a poco tiempo de tratar la medida federal en la Cámara alta.
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Querían lograr, con esto, que el Congreso de la Nación sólo intervenga el Poder Judicial, poniendo a la gobernadora Mercedes «Nina» Aragonés de Juárez a disposición de la Justicia. Se trataba del último intento de la dirigencia peronista local antes de quedarse sin herramientas concretas de poder. Finalmente fracasaron, al pasar anoche la sesión de la Legislatura provincial a cuarto intermedio.
Los resortes del Estado pasarán a manos del interventor cuyo nombre aún mantenía en estricta reserva el gobierno nacional -Alberto Fernández aseguró que Néstor Kirchner lo revelaría en las próximas horas-, aunque trascendieron los siguientes: Hugo Perié, Juan González Gaviola, Ricardo Falú, Ferna ndo-Salim, Arturo Lafalla, Rodolfo Gabrielli, entre otros, para ser inmediatamente desmentidos.
Según trascendidos, Aragonés y su esposo, el ministro de Economía, Carlos Juárez, dejarían la provincia, aunque la pareja permanecía hasta anoche en su residencia particular de la capital provincial de la calle Alvarado al 300.
Los abogados de los Juárez, por su parte, aseguraron ayer que sus defendidos se presentarán ante la Justicia cada vez que sean requeridos. De hecho, ayer continuaron los reveses judiciales para la pareja de caudillos peronistas. El fiscal federal Alberto Pravia rechazó la recusación en su contra planteada por los letrados de los Juárez.
Fuentes judiciales señalaron que el veterano caudillo de 87 años fue denunciado por la supuesta «derivación de fondos» en favor de un proyecto de la empresa DINAR Líneas Aéreas, por un monto total de 55 millones de pesos, para establecer un puente aéreo entre la provincia y Buenos Aires, que nunca se concretó.
De acuerdo con las investigaciones, Juárez y el ex ministro de Economía José Trejo habrían incurrido en los delitos de presunto «abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, falsedad ideológica, defraudación calificada, enriquecimiento ilícito y asociación ilícita».
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