Un caso al borde del desacato kirchnerista

Política

«Ahora que Patti recupera la libertad, la Cámara de Diputados debe citarlo la semana que viene para tomarle juramento. Esperemos que se respete el fallo de la Corte Suprema», se ilusionó ayer el constitucionalista y abogado de defensor del ex intendente de Escobar, Gregorio Badeni. «¿Pero qué ocurriría si el Congreso no lo convoca para que asuma su banca?», le preguntó este diario. La respuesta del letrado fue contundente: «Los diputados estarían incurriendo en el delito de desacato, que es desobedecer la orden de un funcionario público».

Badeni también aclaró que el hecho de que el gastronómico Dante Camaño haya asumido la banca de Patti no es obstáculo para que el jefe del PAUFE recuperesu asiento en la Cámara baja. «Camaño es un suplente y debe regresarle la banca. Las leyes votadas por él siguen siendo válidas, pero ahora la Corte avaló a Patti para asumir», explicó el constitucionalista.

La Corte, en su fallo de la semana pasada, entendió que «la causa no se había tornado abstracta por la asunción del segundo candidato de la lista presentada por el partido político del actor», en referencia a Camaño, primer suplente de Patti en la lista de 2005 donde José María Díaz Bancalari, hoy vicepresidente del bloque kirchnerista en la Cámara baja, se presentaba como candidato a senador bonaerense junto a Hilda Chiche Duhalde.

Sin embargo, el escenario más seguro es que el kirchnerismo de la Cámara de Diputados no cite a Patti para asumir como legislador. «En ese caso pediremos ante juez de primera instancia o ante la Corte Suprema que se ejecute la sentencia del máximo tribunal. Exigir que lo dejen asumir con el auxilio de la fuerza pública es un tema que deberíamos analizar», advirtió Badeni a este diario.

La batalla judicial por la banca de Patti, votado por más de 393.000 bonaerenses, se remonta a mayo de 2006 cuando el kirchnerismo, invocando el artículo 64 de la Constitución Nacional, declaró al ex subcomisario «inhábil moral» para jurar como legislador por tener procesos abiertos, sin sentencias condenatorias, por presuntas violaciones a los derechoshumanos. El diploma de Patti había sido impugnado por los kirchneristas Araceli Méndez de Ferreyra, Remo Carlotto y Miguel Bonasso por su procesamiento a partir del asesinato de los militantes peronistas Osvaldo Cambiasso y Eduardo Pereyra Rossi en 1983.

El artículo 64 de la carta magna estipula que cada cámara del Congreso de la Nación «es juez de las elecciones, derechos y títulos de sus miembros en cuanto a su validez». Patti apeló ante la jueza electoral María Servini de Cubría, quien rechazó el recurso, y el ex intendente de Escobar acudió entonces a la Cámara Electoral. Este tribunal superior habilitó, en setiembre de 2006, a Patti desautorizando el fallo de primera instancia de Servini y el bloque oficialista del Frente para la Victoria presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema como última vía para impedir el ingreso de Patti al recinto.

Sin embargo, Patti estaba detenido en Marcos Paz desde diciembre del año pasado por otra causa distinta de la de la impugnación de su diploma. El juez federal de San Martín, Alberto Suárez Araujo, lo procesó con prisión preventiva por los presuntos delitos de privación ilegal de la libertad, tormentos y allanamientos ilegales contra Gastón Goncalvez, Diego Muñiz Barreto y Carlos Souto en 1976.

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