"Un salto al vacío", se quejó Baglini

Fueron pocos los diputados que se animaron a criticar el proyecto de suspensión de las ejecuciones hipotecarias. En el debate en Diputados sólo se animaron Carlos Caballero Martín (PDP, Santa Fe), Raúl Baglini (UCR, Mendoza) y Guillermo Alchouron (Acción por la República, Bs. As.). Veamos parte de su debate con Oscar Lamberto (PJ, Santa Fe) y Elisa Carrió (ARI, Chaco) en el recinto.

Oscar Lamberto (PJ, Santa Fe): Señor presidente: hemos estado acordando un texto con las distintas bancadas. No sé si el texto acordado está en poder de la Secretaría.

Carlos Caballero Martín (PDP, Santa Fe): Señor presidente: según el artículo que acaba de leer el señor miembro informante, quedarían incluidas todas las acciones de ejecución de sentencia e inclusive las acciones extrajudiciales que se den.

Creo que estamos confundiendo el concepto de emergencia. La emergencia es un estado de excepción dentro de cualquier marco general, o sea que en cualquier situación normal, la excepción es la emergencia, o la emergencia es una excepción, para hablar con mayor precisión.

Aquí estamos rompiendo el ordenamiento jurídico. Si nosotros, legisladores, queremos precisar la emergencia, debemos enmarcarla. La emergencia no es para todos, sino para los que se encuentran en situación de emergencia, porque aquí no podemos igualar a delincuentes con personas honestas.

Podemos enmarcar en esa emergencia a ciertos contratos y a ciertas ejecuciones, pero la pregunta que hago no se refiere a un estado de emergencia. Si alguien compró un coche último modelo sabiendo que no lo podía pagar (hay muchos que no han pagado ninguna cuota), pregunto si le vamos a otorgar la suspensión de la ejecución.
(...)

(...) Por las razones expuestas, vamos a votar en contra de esta iniciativa.

Guillermo Alchouron (AR, Buenos Aires): Estoy totalmente de acuerdo en que debemos dar solución a toda la gente que se encuentra representada por el público asistente a las galerías, que realmente merece ser atendida. Pero la forma de hacerlo no es ésta. Con este proyecto, lo que estamos haciendo es una invitación al veto, ya que, como bien dijo el señor diputado Caballero Martín, aquí no va a pagar nadie. Estamos invitando al veto, estamos estafando a esta gente, porque todos sabemos que una norma que avasalle de todas formas los derechos naturales de propiedad es arbitraria carece de toda lógica jurídica y no puede manejarse de esta manera.

No he visto el papel que otros tienen en su poder. ¿Cómo van a introducir «de prepo» el tratamiento de un proyecto de ley sin que se cuente con el texto correspondiente? ¿Dónde vamos a ir a parar?

Esta es mi posición: no voy a votar una sola palabra que no haya podido estudiar. Soy abogado; no me pueden llevar de las narices como se les dé la gana. (Aplausos.)

Rodolfo Rodil: La Presidencia desea informar que, por un involuntario error, el bloque que usted preside en no fue invitado el día de ayer a esa reunión, que era informal porque no se trataba de una reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, ya que, como ésta es una sesión especial, no requiere que se reúna dicha comisión. No obstante, la Presidencia asume el involuntario error que se cometió respecto de esas bancadas.

Horacio Pernasetti (UCR, Catamarca): Señor presidente: en primer lugar, quiero plantear una cuestión reglamentaria.

Para tratar esta iniciativa, el cuerpo debería constituirse en comisión, porque lo que se pretende considerar no es técnicamente un dictamen de comisión.

(...) Se trata de una materia difícil que en muchos aspectos es cercana a la inconstitucionalidad y puede generar interpretaciones muy diversas, como las que aquí se han planteado. Declarar una emergencia con suspensión de juicios y ejecuciones en curso es una cuestión seria.

Elisa Carrió: Señor presidente: algunos de los argumentos desarrollados carecen de sustancia. En marzo de este año esta Cámara de Diputados aprobó en un día el otorgamiento de plenos poderes al Poder Ejecutivo nacional sin que a nadie se le rasgaran las vestiduras, aunque los señores abogados presentes en el recinto habrían podido analizar con claridad cómo poderes legislativos eran delegados de manera absoluta al ministro Cavallo.

Quizá, éste sea el primer proyecto de ley sancionado a lo largo de todo el año que, por lo menos, va a servir para calmar la angustia existencial de miles de argentinos a quienes hoy están rematando sus campos. (Aplausos en las galerías.)

Por otra parte, resulta muy claro que en el artículo 9° prácticamente quedan excluidas todas las ejecuciones, salvo aquellas en las que el bien a rematar esté directamente vinculado al trabajo o a la vivienda de la persona. Esto es lo que deberá acreditar quien está siendo ejecutado para que se le suspenda la ejecución.

No es cierto que esto afectará a todos los acreedores, porque evidentemente cuando van a juicio ya están descargando en sus balances un crédito que resulta dudoso y que está en el Poder Judicial. De modo tal que no se afecta toda la actividad de la empresa del acreedor.

Sí me parece que en esta Cámara de Diputados siempre empiezan a surgir los problemas cuando hay que sancionar alguna iniciativa que tiene algo que ver con la sociedad. Hoy la emergencia es amplia, porque, en realidad, al default se agrega la situación de desamparo absoluto de millones de argentinos. Demos por lo menos esta solución.

Por eso, hago moción de orden de que se vote el proyecto y que la votación sea en forma nominal, para comprobar quiénes en este país están votando a favor para alguien que no sean los bancos. (Aplausos.)

Raúl Baglini: Señor presidente: habiendo otros importantes proyectos presentados sobre el tema, me parece imposible no abrir un mínimo debate sobre el particular. No es la primera vez que el Congreso va a suspender juicios (...) Lo ha hecho en muchas oportunidades.

Quiero relatar en diez segundos la experiencia que vivimos cuando suspendimos los juicios por la circular 1.050...

Es un salto al vacío, no tiene mecanismos de solución. Uno tiene que saber para qué suspende; no es para encontrarse con la misma situación al final de ese término. Tiene que haber un procedimiento de solución y aquí no lo hay. O sea, saltamos al vacío y dentro de ciento ochenta días estamos en la misma situación.

(Varios señores diputados hablan a la vez.)