Sin haber acreditado sobreprecios, juicio Vialidad enfila a los alegatos

Un sólo testigo, a lo largo de tres años de debate, mencionó sobre costos a favor de Báez. Lo hizo sin el peritaje y su estudio no fue admitido por TOF. Denunciantes de desvíos y favoritismos en Santa Cruz afirmaron que lo supieron por terceros o por publicaciones periodísticas. Fiscalía acusará a Cristina en base a conclusiones de peritaje “dividido”. Defensas objetarán análisis incompleto, valores sacados de una revista y ausencia de rigor técnico.

La única causa contra Cristina de Kirchner que llegó a juicio oral entra en tiempo de definiciones. Luego de tres años de audiencias por las que pasaron más de cien testigos, el Tribunal Oral Federal 2 comenzará a escuchar los alegatos de las partes.

Como paso previo, habrá una o dos jornadas para ajustar cuestiones técnicas del proceso y luego los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola serán los primeros en alegar. Se descuenta que los representantes del Ministerio Público acusarán a la vicepresidenta y a los otros doce imputados. La incógnita estará centrada en qué argumentos utilizarán para sostener la hipótesis delictiva. Es porque sólo uno de la larga lista de testigos habló con números concretos de sobreprecios en las obras viales otorgadas a Lázaro Báez. Se trata del ingeniero Alejandro Mon, cuestionado por las defensas, ya que se trata de un exfuncionario de la Dirección Nacional de Vialidad durante la gestión macrista de Javier Iguacel, denunciante de esta causa y que -aseguran- basó su análisis sin un peritaje de fondo sobre las 51 obras cuestionadas e incurrió en errores de fuste con los valores de las rutas. De hecho, la fiscalía buscó introducir el estudio hecho por Mon en esta etapa final del juicio, pero el Tribunal le negó esa posibilidad.

En cuanto a los testimonios bajo juramento, ni los propios denunciantes Javier Iguacel, Margarita Stolbizer o Ricardo Stoddart pudieron aportar elementos contundentes sobre el presunto desvío de fondos a favor de Báez. Sólo basaron sus dichos en suposiciones y publicaciones periodísticas. El mismo tenor tuvo la declaración del mediático Leonardo Fariña, quien esbozó irregularidades, pero cuando fue repreguntado por las defensas dijo que sabía de los sobreprecios por dichos de terceros, varios de ellos ya fallecidos.

Uno de los elementos que utilizarán los fiscales para pedir condenas es el peritaje oficial encargado por el TOF2 una vez que el juicio ya estaba iniciado. Sin embargo, en dicho informe no hubo unanimidad de criterios ni de resultados. Mientras que el perito oficial, Pablo Eloy Bona y el que representó al Ministerio Público, Roberto Panizza concluyeron que hubo sobreprecios, la perita de parte de Cristina de Kirchner, Adriana Alperovich firmó en disidencia y aseguró que las obras se pagaron a precios de mercado. Durante varias audiencias debatieron entre ellos sobre la metodología utilizada por cada uno y mantuvieron fuertes cruces. El Tribunal deberá valorar cuál de los métodos fue el más acertado y qué conclusión toma por válida.

Las defensas también cuestionarán el peritaje de los dos ingenieros, ya que uno de ellos utilizó valores publicados por una revista para hacer la comparativa y el otro se basó en una licitación de una de las rutas de Santa Cruz del año 2016 que el gobierno de Mauricio Macri llevó a la baja con el objetivo de mostrar públicamente que podía ahorrarle dinero al Estado. Sin embargo, debido a que los precios licitados estaban muy por debajo de los de mercado, la obra quedó paralizada poco tiempo después. Además, los abogados defensores argumentarán que el peritaje se hizo sólo sobre tres rutas, por lo que no podría alegarse direccionamiento con una muestra tan pequeña.

Con este escenario, si no hay sobresaltos la fiscalía comenzaría a alegar antes de la feria judicial de invierno y luego será el turno de las defensas.

Esta última etapa del juicio será extensa, ya que son trece imputados en total y varios de los defensores ocuparán más de una audiencia para exponer. Así las cosas, podría haber un veredicto antes de fin de año.

Además de Cristina, los imputados son el empresario Lázaro Báez; el exministro de Planificación Federal Julio De Vido; el exsecretario de Obras Públicas José López; el exsubsecretario de Obras Públicas Abel Fatala; el exsubsecretario de Coordinación de la Obra Pública y primo del fallecido expresidente Néstor Kirchner, Carlos Kirchner; el exadministrador general de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) Nelson Periotti; los exjefes de distrito Santa Cruz de la DNV, Raúl Daruich y Mauricio Collareda y los expresidentes de la AGVP de esa provincia Héctor Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi y José Santibáñez.