Política

Reforma laboral: Macri planea nuevos convenios y negociación por empresa

Un borrador oficial crea figuras como el "trabajador de plataformas" e incluye un misil a Moyano.

El fin de la vigencia de los Convenios Colectivos de Trabajo, la negociación por empresa y no por actividad, facilidades para la subcontratación y la tercerización, y un límite en los aportes a los sindicatos figuran, entre otros puntos, en borradores de la reforma laboral que planifica Mauricio Macri en caso de ser reelecto. El documento, al que tuvo acceso este diario y que recoge y amplía los proyectos elaborados desde el inicio de la gestión de Cambiemos, contempla también la creación de nuevas figuras como la del “trabajador de plataformas” y flexibiliza mecanismos de despidos y pasantías. Y hasta un golpe al poderío de Hugo Moyano.

Se trata de un texto que se discute desde hace semanas en el Ministerio de Producción y Trabajo denominado “Plan Productivo 2020-2023, Relaciones laborales y empleo de calidad” y que desarrolla estrategias para la creación de nuevos puestos bajo modalidades novedosas de contratación, un blanqueo laboral con facilidades amplias para los empleadores informales y desalentar los juicios. En la cartera que conduce Dante Sica admitieron la circulación del “paper” pero buscaron minimizarlo al señalar que no tiene estatus de proyecto de ley o documento de trabajo.

De todos modos este diario pudo confirmar que, además de la circulación interna, el borrador consolida postulados del proyecto de ley que el Ejecutivo llegó a enviar al Congreso -sin éxito- durante la gestión de Jorge Triaca; la iniciativa de blanqueo laboral; las discusiones sectoriales en las que Sica intentó avanzar de manera parcial con la reforma, y nuevos aportes de abogados laboralistas y hasta de economistas como Eduardo Levy Yeyati.

Tras un diagnóstico sobre las debilidades del mercado laboral y postular la necesidad de incorporar a por lo menos dos millones de personas al empleo formal, el documento aborda las “medidas indispensables” para 2019, de adopción inmediata en caso de reelección de Macri, y otras para el período 2020-2023. Entre las primeras destaca la urgencia en avanzar en la reducción y hasta eliminación de las multas por trabajo informal que estaban contempladas en el proyecto de blanqueo; limitación de los juicios a empresas por solidaridad con sus tercerizadas; regulación de contratos para personal de aplicaciones, y promoción del primer empleo y una “agencia de talentos”.

Mientras que entre 2020 y 2023 ensaya una serie de títulos ambiciosos sin mayor desarrollo, pero que encierran los mayores golpes a los sindicatos y el modelo de asociación vigente. Advierte del fin de la ultraactividad, el mecanismo por el cual los Convenios Colectivos de Trabajo se mantienen vigentes de manera indefinida en tanto no son reemplazados por nuevos (por esa razón buena parte de la estructura data de 1975) y de los aportes solidarios que perciben los gremios por encima de la cuota de sus afiliados. También postula la necesidad de reducir la negociación colectiva al nivel de las empresas (hoy rige sólo por actividad). Varios de esos puntos están contenidos en la reforma que Brasil aprobó en 2017.

A continuación menciona como ítems a ser reformulados la presencia de delegados en las empresas y el encuadramiento sindical, en lo que se presume ideado para darles margen a los empleadores para definir el gremio que debe representar a su personal. Una línea similar a la que implementó Mercado Libre con el sindicato de Carga y Descarga en un centro de logística. También apunta al poderío de Moyano cuando se propone a mediano plazo desregular la “última milla”, como se denomina al tramo final de la logística. La idea es consagrar una suerte de “uberización” de los camiones sin participación del gremio.

En cuanto a las nuevas modalidades de trabajo propone crear las figuras de “autónomo económicamente vinculado” para aplicar en pequeñas unidades productivas donde las relaciones laborales son más horizontales que las habituales de dependencia (figuraba en el proyecto de blanqueo), y la de “trabajador autónomo de plataformas” con el alegado propósito de formalizar a asalariados que de otro modo estarían en situación irregular sin obra social, ART ni aportes previsionales.

En el capítulo “Subcontratación (solidaridad)”, el documento desarrolla la tesis de que “las regulaciones actuales desincentivan la tercerización de servicios” e incluso les asigna un peso mayor a los juicios iniciados por trabajadores no directos del empleador. “Limitar la solidaridad favorece la especialización en tareas de mayor valor agregado y permite mayor adaptabilidad a cambios en la demanda”, añade, y menciona los casos de Chile, España y Brasil en donde está limitada al máximo la responsabilidad judicial del empleador principal.

También consagra la vuelta de las pasantías sin relación de dependencia y su extensión por hasta un año de plazo y otras formas ya propuestas con anterioridad como los “fondos de cese laboral” en reemplazo de las indemnizaciones habituales, la “polivalencia” que permite “que las partes puedan pactar cambios en las tareas y condiciones laborales”, la instauración de “bancos de horas” y una redefinición del concepto “salario” para acotar los rubros con peso en el cálculo indemnizatorio.

En tanto que plantea una reformulación de las licencias por enfermedad o por otras razones por un “régimen de días personales” y la limitación de los días no laborales “por enfermedades de larga duración”.

Plantea, además, la creación de “licencias parentales compartidas” y de centros de primera infancia, una jornada escolar extendida y de contratos a tiempo parcial. Mientras que para las microempresas de menos de diez empleados propone un régimen específico que pudiese incluir “banco de horas, vacaciones fragmentadas”, posibilidad de sostener el cobro de planes sociales, la reducción en el pago por preaviso, la extensión del período de prueba, vigencia de convenios por empresa y registración simplificada, entre otros puntos.

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