El debate sobre una eventual disminución de la edad de imputabilidad penal se intensificó tras el reciente asesinato de Brian, un joven de 14 años, muerto por otro de 15 durante un intento de robo en el barrio porteño de Flores, quien ayer fue liberado por orden de la Justicia y enviado a Perú, donde quedará bajo la tutela de sus abuelos que residen allí.

La iniciativa oficial despertó reparos y rechazos desde diversos sectores como Unicef que admitió la necesidad de rediscutir el régimen penal de menores pero se pronunció en contra de bajar la edad de imputabilidad, al considerar que se daría "un paso atrás" en lo que refiere a protección de los derechos de los niños y jóvenes, y no se estarían respetando los estándares internacionales.

También desde la Iglesia, la Comisión Nacional de Pastoral de Adicciones y Drogadependencia de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) advirtió que la intención oficial "no pareciera razonable en un año electoral y para dar respuesta estatal a hechos delictivos de trascendencia mediática", y se pidió no convertir a los chicos en "enemigos sociales".

También se manifestaron en contra de bajar la edad de imputabilidad de los menores sectores sindicales como la Central de los Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTAA), la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba), así como organizaciones de derechos humanos como el Serpaj.

En tanto, el presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, Guillermo Lipera, se mostró "de acuerdo" con la idea de bajar la edad de imputabilidad de los menores de 16 a 14 años, aunque estimó que "debe ser un punto dentro de un conjunto de medidas" y pidió que el punto se trate como parte de una reforma más integral.

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