Activistas destrozaron una planta de petróleo en Chubut

El violento accionar de los sindicalistas chubutenses dejó su huella impresa en la planta Termap, donde ayer la Justicia, el gobierno provincial y el sector empresarial intentaban dimensionar los graves daños ocasionados durante los cinco días que permaneció tomada la sede ubicada en Caleta Córdoba. La planta que opera en forma automatizada necesitará por lo menos cinco días más para volver a ponerse en operaciones. Mientras que el juez interviniente, José Rago, calificó el hecho de «destrucción masiva, caprichosa y ostensiva de todas las instalaciones técnicas y de las computadoras» que se utilizan para operar la planta.La saña de los petroleros se concentró en la sala de control y en el laboratorio de la planta. Rompieron equipos de telemedición y aquellos que registran información marítima -que suministra datos sobre clima, oleaje y temperatura de agua-, imprescindibles para operar el sistema de recepción y carga del crudo. Además, muestras de petróleo que se utilizan para definir parámetros de calidad para la exportación fueron arrojadas intencionalmente sobre computadoras (fotos) dejando inoperable la planta que por estas horas comenzó a accionarse «manualmente».
Los trabajadores coparon las instalaciones el viernes 7 a las 17, cuando se enrarecía el conflicto que incluyó 15 días de paro, 5 días de toma de una planta, 13 piquetes en rutas y yacimientos, y agresiones físicas y verbales a efectivos policiales, agentes de seguridad privada, empresas, particulares y funcionarios.
De hecho, unos treinta agentes de seguridad que se encontraban en la planta en momentos en que se concretaba la toma denunciaron cascotazos, pedradas, amenazas a punta de cuchillo, hachazos, palazos y el robo de indumentaria, celulares y relojes. Algunos sufrieron traumatismo de cráneo y fractura de codo. Mientras el intendente de Comodoro Rivadavia, Raúl Simoncini (PJ), padeció en carne propia los embates de los violentos gremialistas. La Justicia analiza ahora unas 20 denuncias presentadas por empresas y particulares que se vieron afectados por la violencia sindical.
La negociación para destrabar el conflicto de los petroleros tuvo su primer avance cuando el 20 de setiembre pasado, con el respaldo de la cámara de exploración y producción de hidrocarburos, la federación argentina del petróleo y gas privado, los sindicatos de cada provincia hidrocarburífera y el Ministerio de Trabajo de la Nación acordaron un incremento salarial de 350 pesos con el compromiso de mantener «la paz social», es decir, no realizar nuevos paros hasta el 30 de junio de 2006, cuando comenzaría una nueva instancia de negociación. Pero días después, los gremialistas quebraron el acuerdo y comenzaron un paro por tiempo indeterminado en Chubut, reflejando además la ruptura entre la federación y el sindicato local. Exigían el pago de 260 pesos mensuales retroactivos a enero para equiparar salarios con sus pares de Santa Cruz y, conociendo que habían violentado el pacto del 20 de setiembre, reclamaban la suba de 350 pesos retroactivos al 1 de setiembre y el pago de los 15 días no trabajados.
El sindicato que encabezó el reclamo en Chubut agrupa a unos 11 mil trabajadores que se desempeñan en forma directa (con las operadoras) o indirecta (con las contratistas) en el Golfo de San Jorge, conocido como zona 2, que comprende el norte de Santa Cruz (que en 2004 consiguieron el incremento de $ 260) y el sur de Chubut (que logró ahora la equiparación). Mientras que el sur de Santa Cruz y Tierra del Fuego integran la cuenca austral, o zona 1, que recibe otros beneficios. Pero no conforme con ello, el sindicato santacruceño pide por estas horas un «premio a la producción» y paralizó la actividad en esa provincia.
Mientras que la virulencia del sindicato de Chubut envalentonó y dividió las aguas con la federación que ahora también desconoce el acuerdo del 20 de setiembre, convocando a un nuevo paro para el jueves 20.