Anulan detención de intendente

La medida de detención del jefe comunal había sido dictada por la jueza de garantías Gilda Stemphelet, a pedido del fiscal de Delitos Complejos, Gustavo Zorzano, sobre quien ahora pesa un pedido de recusación por parte de la defensa del intendente.
La Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal resolvió anular la orden de detención. Los jueces argumentan que antes de librar la orden, la jueza tendría que haber resuelto primero las nulidades y la recusación del fiscal. Ahora esa parte de la causa deberá ser resuelta por las juezas María Pía Faba o Susana Calcinelli.
En su fallo, la jueza halló a Lopes autor «prima facie» y responsable de los delitos de estafa en tres hechos, en concurso real con el delito de peculado en perjuicio de las empresas Profértil SA; Solvay-Indupa SAIC y PBB Polisur SA. Se presume que se trató de maniobras para conseguir dinero para financiar la campaña realizada el pasado mes de octubre por el Frente para la Victoria bahiense.
La Sala II de la Cámara había hecho lugar al pedido de hábeas corpus presentado por la defensa del intendente luego de que la jueza de garantías ordenara detenerlo el lunes último.
Fuentes judiciales informaron que «los abogados Carlos Irisarri y Juan José Lossino, a través del hábeas corpus, cuestionaron severamente la orden de detención dispuesta por la jueza ante la Cámara de Apelaciones y Garantías. A su vez, la citada Cámara le había solicitado a la jueza Stemphelet la reemisión de toda la causa para analizar el pedido formulado por la defensa. En el escrito se indicó que «la resolución de detener a un intendente municipal agravia a la sociedad, en razón de hechos delictivos que no se describen y mediante la validación de un procedimiento que ha conculcado garantías constitucionales pese a haberse impugnado el mismo».
En otro orden, los voceros judiciales habían señalado que «el magistrado dio traslado al pedido de nulidad de las escuchas telefónicas planteadas por los abogados de Lopes a todos los interesados en la causa».
La investigación de Zorzano comenzó en octubre de 2005, a partir de otra causa judicial que derivó en escuchas telefónicas en las que se detectaron las presuntas irregularidades en el manejo de los fondos de la comuna bahiense.