Apuran compra de aviones para aerolínea patagónica

Las tres provincias firmaron hacia setiembre pasado un convenio con Líneas Aéreas del Estado (LADE) que ponía en marcha la integración de una empresa que permitiera revertir la cada vez más estrecha oferta de rutas entre las localidades de esos distritos.En aquella ocasión, los gobernadores Sergio Acevedo (Santa Cruz-PJ) y Mario Das Neves (Chubut-PJ) suscribieron con el por entonces mandatario de la isla, Jorge Colazo (ex UCR, luego kirchnerista) el acuerdo que permitía instrumentar la propuesta. El texto debía ser refrendado por las respectivas legislaturas provinciales, una acción que, a su turno, cumplieron los legisladores santacruceños y chubutenses.
En plena crisis político-institucional en Tierra del Fuego y mientras avanzaba el proceso de juicio político contra Colazo, la convalidación del convenio quedó relegada en el caso de la isla.
En tanto, una vez destituido Colazo, su sucesor, el vicegobernador en ejercicio del Ejecutivo provincial, Hugo Cóccaro, se pronunció públicamente sobre el tema, advirtiendo que ante el rojo de las cuentas provinciales, el proyecto de la línea aérea perdía el carácter de prioritario.
Días después, se conoció en la isla que el texto había sido girado a la Legislatura (al igual que muchos proyectos, había sido «cajoneado» por el Ejecutivo «interino», hasta que se definiera el proceso contra Colazo).
 Postergaciones
Las sucesivas postergaciones en la isla impulsaron el actual reclamo de Santa Cruz. Sobre todo, porque esa provincia, con la vecina Chubut, avanzó en la revisión del convenio definitivo que se suscribirá con LADE, para destrabar la compra de aviones.
«Se envió una nota formal al gobierno fueguino pidiéndole que de manera contundente y definitiva diga si va a participar o no dentro del convenio que oportunamente suscribimos», explicó el ministro de Economía de Santa Cruz, Luis Villanueva.
El dato es clave ya que el número de distritos involucrados en la aerolínea definirá la cantidad de aeronaves que se comprarán. En forma inicial, con las tres provincias en carrera, la adquisición de tres aviones demandaba una inversión de $ 6 millones, es decir, $ 2 millones por jurisdicción.
Mientras que, de confirmarse la salida de uno de los participantes, la compra se acotaría a 2 máquinas.