Apuran sanción de nueva Constitución

El proceso continuará luego con la integración del Consejo Asesor de la Magistratura, luego de que el mandatario firme el decreto que convocará a la integración de este organismo selector de los jueces. Alperovich informó que esto sucederá «diez días después de que se jure la Constitución», y que el Consejo estará integrado por un funcionario del Poder Ejecutivo, un legislador, un miembro de la Corte Suprema de Justicia y uno del Colegio de Abogados. «Me elevarán una terna y yo elegiré el candidato», explicó.
Por estos días, la comisión redactora analiza, artículo por artículo, los cambios efectuados a fin de corregir eventuales errores, problemas gramaticales o superposiciones, de manera que el texto definitivo sea aprobado durante la próxima sesión, previsto para el 7 de junio. En un primer momento, la intención era que la Asamblea celebrara la última sesión hoy, aunque todavía no fue convocada a tal efecto la Convención, que preside el justicialista Juan Manzur. El objetivo de esta sesión era conjugar los planteos judiciales contra la reforma, efectuados entre ellos por el Colegio de Abogados de Tucumán. Los letrados, por medio de su presidente, Antonio Bustamante, pedirían a la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo que se expida pronto sobre la medida cautelar que requirió la institución.
Los abogados requirieron que, en forma cautelar y hasta que se resuelva la cuestión de fondo, ordenen a la Asamblea Constituyente que se abstenga de aprobar cualquier reforma vinculada con el Poder Judicial.
Bustamante y Francisco García Posse (secretario) requirieron también la suspensión cautelar de las enmiendas relacionadas con el Poder Judicial que hubieran sido sancionadas por las comisiones encargadas de temas vinculados con el Poder Ejecutivo.
En la presentación, los representantes del Colegio de Abogados argumentaron que los proyectos que impulsa el oficialismo que responde al gobernador peronista José Alperovich, relacionados con la designación y remoción de los jueces, «vulneran los derechos y garantías establecidos» por la Constitución y por los pactos internacionales de jerarquía constitucional.
La queja de los abogados es porque, según el proyecto que sancionó la Convención, los jueces deberán ser elegidos por un concurso de oposición y antecedentes realizado por un Consejo de la Magistratura (no se especifica quiénes lo integrarán), cuyas conclusiones serán vinculantes para el Poder Ejecutivo.
Al mismo tiempo, la remoción de los magistrados será concretada por un jury de enjuiciamiento, que estará integrado por cinco legisladores, un representante del Poder Ejecutivo, el presidente de la Corte Suprema de Justicia y un abogado (no el Colegio) elegido por el voto de sus colegas.
Desde el oficialismo criticaron con dureza la presentación, por entender que «cualquier abogado sabe que este tipo de acciones no puede prosperar por cuanto las decisiones de la Convención no son justiciables ni durante ni luego de las sesiones», como aseveró el secretario de Gobierno, Javier Noguera.
El funcionario subrayó que mientras en la Constitución vigente (desde 1990) tanto la designación como la remoción de los jueces son estrictamente políticas, «en el futuro funcionará un Consejo de la Magistratura y un jury de enjuiciamiento».