Clima de tensión en San Luis tras desalojo de Legislatura

Entre los virtuales «rehenes» se encontraban la vicegobernadora, Blanca Pereyra; senadores y diputados justicialistas; la intendenta de San Luis, María Angélica Torrontegui; funcionarios y empleados. Como saldo de la intervención que ordenó la Justicia penal, la Multisectorial denunció que hubo dos heridos.

«Este clima que vivió en las últimas horas la provincia tiene como objetivo desestabilizar al Ejecutivo provincial y provocar la intervención federal», sostienen sectores vinculados con el oficialismo.

En tanto, anoche, el PJ provincial emitió un documento en el que pide a la Corte Suprema que se expida en la causa vinculada al conflicto por la legitimidad de la intendencia a cargo de Torrontegui. Como se sabe, en la ciudad conviven de manera insólita dos intendencias: la del opositor Daniel Pérsico y la de la oficialista Torrontegui.

La agrupación se declara también en «estado de asamblea y movilización por el intento de quiebre institucional de un sector minúsculo de la sociedad» y manifiesta su «apoyo al gobierno de Rodríguez Saá, rechazando las gestiones vinculadas con los pedidos de intervención».

La Legislatura aprobó la semana pasada, en el marco del proceso de revisión de leyes, el Estatuto Docente. Lo hizo con el aval de la oposición. Incluso la Asociación Sanluiseña de Docentes Estatales (ASDE), que convocó a un paro por tiempo indeterminado, respaldó el pronunciamiento parlamentario. Después ocurrió que el Foro de Concertación Docente -el espacio en el que se discute la problemática educativa y del que se auto excluyó ASDE-advirtió que el estatuto había sufrido modificaciones. Por eso el gobierno decidió vetar la ley y proponer un texto que no alterara la letra del Estatuto Docente. Pero ASDE cambió sorpresivamente de posición y decidió impulsar un «texto actualizado».

• La toma de la Legislatura

Como la Legislatura no lo trató, la Multisectorial y el gremio docente decidieron tomar el edificio legislativo; incluso trascendió que lo habrían hecho con el guiño de un sector de la policía local, que también enfrenta en su seno un conflicto de poderes (ver aparte). Los familiares de los legisladores y empleados denunciaron a los manifestantes y dirigentes opositores por privación ilegítima de la libertad.

Antes del desalojo, el gobierno ofreció a la secretaria general de ASDE, Graciela Murúa, «vetar la ley que se había sancionado horas antes y discutir un nuevo estatuto docente». Pero «la gremialista rechazó de plano la propuesta porque pretendía que se sancionara su proyecto», señalaron fuentes gubernamentales.

Así, ayer hubo pronunciamientos de casi todos los sectores opositores al gobierno de Rodríguez Saá y una movilización hacia la Casa de Gobierno. No fue lo único. La Cámara de Comercio convocó a un paro, y una agrupación que nuclea a empleados públicos llamó a no presentarse a trabajar porque sostiene que «a raíz del conflicto el edificio gubernamental no ofrece garantías».

Los viales, judiciales, docentes privados y la Universidad Nacional de San Luis se sumaron a la protesta que durante el día se materializó cortando calles y declarándose en estado de asamblea permanente.

Voceros del gobierno informaron que Rodríguez Saá se comunicó ayer en dos oportunidades con el secretario general de la CTERA, Hugo Yasky, para negociar, y el sindicalista se negó a concurrir a la reunión. Yasky anunció para hoy una movilización a la Casa de San Luis en Capital Federal. Al cierre de esta edición, una versión daba cuenta de que el Ministerio de la Educación de la Nación estaba a punto de iniciar un canal de diálogo entre el gobierno sanluiseño y el gremio docente.

«Este no es un problema de los docentes solamente, es un problema del pueblo que no se termina hasta que caiga el gobierno de Rodríguez Saá», declaró el vocero de la Multisectorial, Roberto Tato Iglesias. Las palabras de este dirigente reafirman, para el gobierno, la intención de la oposición de provocar un caos que tendría como fin la intervención federal.

El clima de tensión se regeneró después que la gestión de Rodríguez Saá había logrado controlar los conflictos que la sacudieron hasta hace veinte días. El gobierno viene de dar marcha atrás con la designación de interventores en 80 escuelas y de acceder al reclamo de la Iglesia Católica que exigía la construcción de un templo católico en la recientemente fundada ciudad de La Punta.