Córdoba aprobó fondo para el desarrollo agropecuario

Córdoba - La Legislatura aprobó ayer la creación de un Fondo para el Desarrollo Agropecuario, con el que se espera recaudar aproximadamente 100 millones de pesos por año que serán destinados exclusivamente a mejoras en la infraestructura de servicios para el campo provincial.
La mitad del aporte provendrá del sector privado a través de una «contribución» y el resto será aportado por el Tesoro provincial, y votó una invitación al gobierno nacional a participar del mismo.
Con este fondo el gobierno de Juan Schiaretti pretende darle un fuerte impulso a las obras que demanda el campo (sector en fuerte expansión desde hace varios años en la provincia) evitando ajustar el impuesto inmobiliario rural, que se mantiene en los mismos valores desde la rebaja de 30% impuesta por José Manuel de la Sota en 1999. El proyecto que ayer fue aprobado por el oficialismo de Unión por Córdoba, con el apoyo del «juecista» Frente Cívico y Social y el rechazo de la UCR (en realidad el radicalismo mantuvo una estrategia de frontal oposición motivada por la pérdida de espacios en la distribución de cargos legislativos) fue una iniciativa de la anterior administración provincial. Había sido anunciada en octubre pasado cuando De la Sota decidió remarcar sus diferencias con el kirchnerismo en relación a la política con el sector agropecuario.
Los fondos, cuyos mecanismos de recaudación se definieron ayer, estarán básicamente destinados a ampliar la accesibilidad de la población rural a servicios básicos como es caminos, luz, gas y agua potable.
La ley entrará a regir desde el 1 de enero y tendrá cuatro años de vigencia, alcanzará a todos los contribuyentes al Impuesto Inmobiliario Rural y tendrá carácter obligatorio. La contribución en 2008 representará 68% del impuesto básico rural, y mantendrá la tasa que actualmente se paga para caminos que está afectada a otro Fondo de Infraestructura Vial.
Para los sectores representativos del campo, la sanción legislativa fue recibida con beneplácito ya que les permitirá no sólo contar con fondos específicos, sino que además la ley prevé la participación de las entidades en la definición de las inversiones y en el control de los mismos.