Córdoba: investigan ahora si municipales cobran planes

Esto significa que se seguirán cruzando los datos de la lista de beneficiarios del Plan Jefas y Jefes de Hogar subsidiado por Nación, con los nombres de los empleados públicos que cobran a través del Banco de Córdoba.

A partir de hoy, el gobierno provincial comenzará a enviar, en disketes o papel, los padrones de la planta estatal que cobra a través del banco local y la de beneficiarios de subsidios, para que cada municipalidad se encargue de repasar la situación de sus empleados. Además, se examinará la situación en los meses previos a noviembre y durante diciembre último.

Se tratará de un proceso arduo, ya que la provincia tiene un total de 249 municipalidades y 173 comunas.

El centro de atención será sin dudas la intendencia capitalina, donde se descuenta que saldrán a la luz más irregularidades, ya que llama la atención que hasta el momento y desde que se comenzó a implementar el Plan Jefas y Jefes de Hogar, en 2002, el Consejo Consultivo Municipal nunca dio de baja a ningún beneficiario.

Paralelamente, durante el fin de semana el intendente de Córdoba, Luis Juez, ratificó la decisión de no renovar el contrato de casi 800 empleados. «Hay muchos de ellos que son 'ñoquis', por quienes no tengo ningún tipo de remordimiento», sentenció.

El pasado viernes, De la Sota denunció que más de 700 empleados de la administración pública provincial cobraban paralelamente $ 150 de los planes Jefas y Jefes de Hogar, que son administrados por el gobierno nacional.

• Sorpresa

«Nos hemos encontrado con la desagradable sorpresa de que más de 700 personas que trabajan en el gobierno en distintos lugares cobran también el Jefas y Jefes de Hogar, algunos ganando más de $ 1.200 por mes», afirmó De la Sota el viernes, al salir del Hospital Córdoba donde se hizo atender de una tendinitis en su pie izquierdo.

Según explicó, la irregularidad quedó al descubierto a través del entrecruzamiento informático de datos provinciales, con los de ANSeS. Los empleados descubiertos en situación irregular son 718, de los cuales 219 son de planta permanente y los restantes 499, contratados.

Los denunciados trabajaban en «distintas reparticiones», informó el gobernador mediterráneo, que además especificó que entre los responsables de la irregularidad «hay policías, personal del Ministerio de Educación y docentes».

De los empleados denunciados, los contratados ya fueron despedidos, en tanto que a los efectivos se les realizó un sumario administrativo que, en caso de dar resultado positivo provocará que sean removidos de sus funciones.