Buenos Aires - Un fallo de la Suprema Corte bonaerense obliga al Gobierno del justicialista Daniel Scioli a pagar al gremio de los judiciales igual salario familiar que el que abonó Nación durante el período 1992-2004.
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El máximo tribunal provincial hizo lugar a una demanda promovida por la Asociación Judicial Bonaerense (AJB), que exigía la equiparación de ese ítem entre ambas administraciones durante ese lapso.
La sentencia -que cobra importancia a partir de la existencia de reclamos similares para períodos posteriores- establece que el Estado provincial deberá pagarles a los trabajadores involucrados en la demanda la diferencia entre los importes abonados en concepto de asignación por hijo y por cónyuge y los estipulados por el Estado nacional (para su personal y para el sector privado) desde agosto de 1992 hasta diciembre de 2004, más los intereses acumulados.
La orden judicial es a priori incómoda para el Gobierno de Scioli, ya que de hecho la cartera de Economía que conduce Alejandro Arlía no tenía previsto este gasto en los lineamientos presupuestarios 2011.
En el fallo, entre otros puntos se hace referencia a que la decisión del Gobierno provincial de disminuir en 1992 el monto de las asignaciones familiares fue contraria a la ley vigente en aquel momento para los trabajadores estatales, y a que al tratarse de conceptos ligados a la seguridad social no pueden ser regulados por un Gobierno provincial.
«Establece un precedente que pone en inmejorables condiciones a dos reclamos similares presentados por nuestro gremio y otros sindicatos», aseguró el secretario general electo de ATE Provincia, Oscar de Isasi, en declaraciones difundidas por El Día de La Plata.
Según De Isasi, en 1992 «se inició esta lucha contra el Gobierno provincial, a fin de que reconozca que pagó mal desde aquel año y hasta 2004 las asignaciones familiares a los trabajadores estatales».
El dirigente también recordó que se presentó un recurso por la liquidación de las asignaciones familiares entre octubre de 2009 y marzo de 2010 por sumas inferiores a las fijadas por la Nación.
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